El gobierno de Claudia Sheinbaum, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), manifestó su firme rechazo al informe preliminar publicado el 6 de junio por la Organización de Estados Americanos (OEA), relativo a la primera Elección Judicial celebrada en México el pasado 1 de junio.
¿CUÁLES SON LAS RECOMENDACIONES DE LA OEA AL GOBIERNO DE MÉXICO?
En dicho documento, la Misión de Observación Electoral de la OEA recomendó no replicar el modelo de elección popular de jueces y magistrados en otros países de la región.
La OEA expresó su preocupación por el sistema de votación directa para cargos judiciales, alegando que podría comprometer la transparencia, imparcialidad e independencia del Poder Judicial.
La organización también destacó el bajo nivel de participación ciudadana y cuestionó la operación de los comités de evaluación de candidaturas.
RESPUESTA DE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES A LA OEA
Mediante un comunicado oficial, la SRE informó que envió una nota diplomática al secretario general de la OEA, Luis Almagro, expresando su desacuerdo con varias recomendaciones contenidas en el informe.
La cancillería mexicana acusó a la misión de observadores de exceder su mandato y de actuar en contravención a los principios fundamentales de la Carta de la OEA, particularmente el Artículo 3 (e), el cual consagra el derecho soberano de cada Estado a decidir libremente su sistema político, económico y social, sin interferencias externas.
"El gobierno de México considera que una misión de observación electoral no está facultada para emitir juicios de valor que rebasen su función técnica de observación, y mucho menos para sugerir directrices sobre cómo debe organizarse el Poder Judicial en un país soberano", subrayó la SRE en su comunicado.
Asimismo, la cancillería recordó que los comicios del 1 de junio se realizaron conforme a la Constitución y las leyes electorales vigentes en el país. Este hecho, señaló, fue reconocido en el mismo informe de la OEA, a pesar de las críticas hacia el modelo de elección.
Con esta respuesta oficial, el gobierno mexicano reitera su compromiso con el respeto a su soberanía y a sus instituciones democráticas, dejando claro que no aceptará imposiciones externas que vulneren su autodeterminación.
