Y llegó el día en que es obligatorio que todas las redes de telefonía móvil (celular) sean registradas; lo anterior con la entrada en vigor de la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LMTR).
Esta disposición, sí o sí, deberán cumplirla todas aquellas personas que cuenten con un teléfono móvil, la cual, con base en la referida legislación, sirve como mecanismo de combate al los fraudes, así como a fortalecer la seguridad.
Esa medida, que entró en vigor desde el 17 de julio de 2025, obliga a todas las personas a registrar su línea telefónica, la cual estará vinculada a una identificación oficial que contenga la Clave Única de Registro de Población (CURP).
Esta política de telecomunicaciones en México entró en una fase clave, pues, con base en la referida normatividad, y de conformidad con sus artículos 103 y 164, los concesionarios de telefonía deberán activar aquellas líneas que presenten este documento que acredite su identidad.
En caso de empresas, deberán presentar el Registro Federal de Contribuyentes (RFC), en tanto que los extranjeros deberán presentar pasaporte vigente.
Si el usuario incumple con esta reglamentación, la línea telefónica les será suspendida a partir de mayo de 2026.
LA “PIEDRA EN EL CAMINO”: NO EXISTE ÓRGANO REGULADOR
Ahora bien, aunque Ley de Telecomunicaciones ya entró en vigor, solo hay un gran obstáculo, pues existe un vacío institucional: no ha sido constituida la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones.
Este organismo deberá definir los lineamientos y supervisar el registro de las líneas de telefonía y la fecha límite para ello es el 31 de diciembre de 2025.
Sin embargo, aun con ese vacío, el 1 de septiembre la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones echó a andar una prueba piloto con empresas como Telcel, AT&T, Movistar, Altán y Bait, con el que se busca afinar los procesos de inscripción.
Aunque la ley busca combatir la delincuencia, especialistas en la materia advierten que podría tener un impacto negativo, ya que el registro de la línea con CURP podría convertirse en una barrera de acceso para millones de mexicanos en situación de vulnerabilidad.
Entre ellos, se indicó, estarían migrantes, trabajadores informales o comunidades en zonas rurales que enfrentan trabas para obtener documentación oficial, lo que podría ampliar la brecha digital y limitar el acceso a servicios esenciales.
