México, un peligro

"Si me hubiese quedado allí, ya me habrían matado y no habría pasado nada", cuenta este periodista, refugiado desde hace unos meses en Ciudad de México.

Un sentimiento de impotencia común en el país. Durante los últimos ocho meses, nueve informadores han sido asesinados en medio de un clima de hostigamiento que no tiene visos de que vaya a disiparse.

El día antes de su partida, Valdez, de 54 años, había cubierto el tercer tiroteo de la jornada en Tulum, el pueblo caribeño donde vivía, en el turístico Estado de Quintana Roo. Tras grabar un video con el móvil, se dirigió al coche para subirlo a su portal de noticias Tulum en red. Hacía un calor sofocante y dejó la puerta abierta. "De pronto, pasa un tipo caminando, común y corriente, se me queda mirando y me dice: "¡Tú te vas a morir mañana, chingada!", recuerda. A la mañana siguiente, Valdez se marchó con una maleta y tres mudas de ropa.

La ola de asesinatos que vive México desde hace más de una década ha dejado un rastro de violencia contra los periodistas: 3.594 agresiones y 95 asesinatos desde finales de 2006 hasta 2018, según el registro de la ONG Artículo 19. La tendencia no se ha frenado. Los asesinatos, nueve en apenas ocho meses, van camino de batir un récord desde que Artículo 19 empezó a contarlos en el año 2000.

Los últimos días de julio y primeros de agosto fueron fatídicos. El martes 30 de julio, encontraron el cuerpo del director de un medio en el maletero de un coche. Ese mismo día, un grupo de encapuchados atacó con bombas molotov a un diario local de Chihuahua, al norte del país. Y el viernes 2 de agosto murieron tiroteados otros dos reporteros.

El perfil de las víctimas se repite: informadores de medios locales que cubren nota roja, como se conoce en México a las noticias de crímenes. A menudo provocan campañas de acoso y derribo en su contra, sobre todo cuando tocan temas de corrupción. Jorge Ruiz, uno de los reporteros asesinados el 2 de agosto, había denunciado ataques a su domicilio tras publicar artículos críticos con la gestión del Ayuntamiento de Actopan, una localidad de 40.000 habitantes en Veracruz, al este del país.

Frente a los abusos, las entidades encargadas de proteger a los periodistas amenazados carecen de presupuesto, personal y capacitación, según las organizaciones de la sociedad civil. "México cuenta con instituciones, pero las cifras siguen siendo comparables a las de zonas de guerra", asegura el representante en México de la ONG Comité para Proteger a Periodistas Jan-Albert Hootsen.

Según la organización internacional Reporteros sin Fronteras, Siria es el país que más asesinatos acumula en los últimos años, aunque en 2018 fue Afganistán el más mortífero: 14 periodistas y dos colaboradores asesinados. México, entre los países en paz, es el más peligroso para estos profesionales.

El mecanismo federal de protección, que depende de la Secretaría de Gobernación (Interior) y se encuentra en revisión, tiene un presupuesto para este año de unos 10 millones de dólares (8,8 millones de euros) para cubrir a 948 personas, entre reporteros y activistas. Las autoridades han reconocido que no es suficiente y que buscarán más recursos para 2020 en un país marcado por la austeridad y los recortes.

A Félix Bigman, el apodo que utiliza un reportero de 46 años de Yucatán, al sur del país, el mecanismo le ha fallado. Entró hace más de dos años. Le prometieron un botón del pánico, cámaras de seguridad y vigilancia policial periódica: las cámaras nunca llegaron, solo ha visto patrullas un par de veces y el botón del pánico, que sí recibió, no le sirvió de mucho. "Una vez lo pulsé. La Policía Federal me llamó para decirme que no iba a ser posible enviar una patrulla porque estaban en un operativo", cuenta. Un portavoz del mecanismo asegura que son "casos aislados" y que los retrasos se pueden deber al hecho de que algunos periodistas viven en "comunidades aisladas".

Más allá de los fallos en la protección, el problema de fondo es la impunidad. El 99,13% de estas agresiones queda sin condena, según Artículo 19.

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