Mata gobierno al campo

Si de algo se enorgullecen las autoridades de Sonora es precisamente de contar con un sector agropecuario y pesquero dinámico y altamente productivo.

En cualquier foro, los funcionarios suelen presumir que año con año el sector primario de la entidad aporta más de 10 millones de toneladas provenientes del esfuerzo tanto de los agricultores como de los ganaderos y pescadores.

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Ya en 2006, aproximadamente, a unos años de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, algunos académicos como Álvaro Bracamonte Sierra, Norma Valle Dessens y Rosana Méndez Barrón, advertían:

“La agricultura de Sonora exhibe un comportamiento diferenciado, a más de una década de apertura comercial. Por una parte, crecieron las exportaciones y la superficie sembrada de hortalizas y frutales y, contrario a lo que se preveía, los granos básicos mantuvieron una posición sólida en el patrón de cultivos. Por otra, se advierten síntomas interesantes de transformación, tal es el caso del surgimiento de una cultura empresarial visible entre los productores. En estas condiciones, el sector agrícola sonorense parece estar preparado para enfrentar los retos de la competencia global”.

Desafortunadamente, la terca realidad volvió a presentarse en el ciclo 2022-2023 y algunos hombres del campo, principalmente productores de granos, han tenido que enfrentarse a las asimetrías propias entre países en desarrollo y los que aún aspiran a ello, México incluido.

Este ciclo agrícola ha sido para los productores catastrófico por partida doble: primero, cierran la Financiera de Desarrollo Rural a mitad de las siembras y, segundo, los precios internacionales cayeron estrepitosamente.

Y en ninguno de esos dos casos, el Gobierno federal ha acudido en apoyo de los productores, bajo el argumento de que se trata de grandes “terratenientes”, aunque en los hechos ambos sucesos le pegaron a la base social del campo, por ser los pequeños y media nos productores los que quedaron en el “limbo”.

Como se sabe, hay un grupo de agricultores afectados por el cierre de la banca que a través del licenciado Pablo Beltrán están buscando una reestructuración de su deuda de este año, a fin de contar con un colchón para seguir en la actividad el próximo ciclo, ya a la vuelta de la esquina.

Y este mes es crucial para esas negociaciones, ya que al terminar julio los productores pueden caer en el incumplimiento de sus compromisos con la Financiera y en consecuencia temen que el Instituto para devolverle al pueblo lo Robado los mande a buró de crédito y nadie se atreva a apoyarlos financieramente con sus siembras.

Hay algunos a los cuales solamente les entregaron la primera parte del avío y al decretarse el 2 de mayo la extinción de la Financiera, se les dejaron de aportar las siguientes partidas y tuvieron que acudir a otras fuentes de financiamiento.

Pero hasta el momento, la única comunicación con los productores ha sido para decirles que Financiera les acepta pagos, aunque existe el temor de que solamente les acrediten a intereses y no al capital y la deuda se vaya incrementando conforme pasen los meses.

Hay riesgo, según el abogado, de que los grandes productores se coman a los pequeños al acercarse, en el mejor de los casos, a dispersoras de créditos o a la banca más cara. Pero también, que les embarguen las tierras y para salir del problema acudan a la renta o venta de las parcelas.

Pero el Gobierno permanece indiferente porque, repitamos, piensa que se está castigando de esa manera a los grandes productores, cuando en realidad es la base social la afectada por estas situaciones.

Fue un grave error cerrar por capricho la Financiera y no pensar en alternativas para los créditos del siguiente ciclo, por lo cual el mismo Gobierno se está encargando de matar al campo y pronto veremos a esos productores unirse a las filas del comercio ambulante porque de alguna manera tienen que subsistir.

Se requiere la intervención del Gobierno del Estado en este problema, pero al parecer no hay interés en acercarse a los productores afectados y eso está causando incertidumbre en una región que depende en gran medida de los resultados del campo.

Alfonso Durazo Montaño, en su calidad de Jefe del Ejecutivo, debe tomar esta bandera antes de que se vuelva una crisis mayor y dejar de pensar que la agricultura se puede medir en función de hectáreas de siembra y camionetas de lujo.

El Gobierno y sus nefastas políticas públicas hacia el campo han dejado en la orfandad a decenas de productores chicos y medianos. Los llamados agrotitanes tienen cómo defenderse. Los pequeños, no, y eso irá en detrimento de toda una región que es el sur de Sonora.

Si nadie quiere atender ese tema, entonces deberán atenerse a las consecuencias.

Comentarios: franciscogonzalez.bolon@gmail.com