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Las Plumas

La sequía y el decreto del rey Canuto

La sequía tiene los almacenamientos de la Cuenca del Río Yaqui por debajo del 14%, cuadro que deja al Valle del Yaqui sin posibilidades de sembrar


“El ingeniero (Cárdenas), piensa que no va alcanzar, pero yo calculo que sí alcanza…”, esto dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, oponiendo “su ojo de buen cubero” a la fundamentada advertencia técnica hecha por el Ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas el 28 de septiembre del 2021, durante la ceremonia de petición de perdón a los pueblos indígenas, realizada en el territorio de la Tribu Yaqui, donde le hizo ver al presidente que una primera muestra de buena voluntad del gobierno federal para llevarle justicia a los pueblos yaquis, era la cancelación del Acueducto Independencia, con el que se desvían importantes volúmenes de agua de la parte media de la Cuenca del Río Yaqui a la ciudad de Hermosillo, afectando con ello a los usuarios de la parte baja donde se ubican los pueblos yaquis y las fértiles tierras del Valle del Yaqui.

No obstante la sintetizada explicación de Cárdenas sobre la inviabilidad legal y técnica de la operación del acueducto de marras, enfatizando que la Cuenca del Río Yaqui se encuentra en un balance hídrico muy precario para imponerle un usuario más como la ciudad de Hermosillo, López Obrador, se ajustó a los compromisos establecidos por el gobierno de Felipe Calderón y decidió consentir la operación de dicha obra apoyado en sus “propios cálculos” con la peregrina expresión “…yo calculo que sí alcanza (el agua)”.

Los previsibles e históricos episodios de sequía –ahora ponderados con el mote de “cambio climático”– se han encargado de señalar la necedad del presidente López Obrador, al tomar decisiones en materia hídrica que carecen de sustento técnico y avalan compromisos con grupos privados empeñados en retirarle el agua disponible a las regiones agrícolas del país para situarla en actividades consideradas monetariamente más redituables.

La sequía que golpea con mayor intensidad al norte de México, tiene los almacenamientos de la Cuenca del Río Yaqui por debajo del 14 por ciento. Un cuadro que deja al Valle del Yaqui sin posibilidades de sembrar una hectárea en los cultivos de primavera-verano, además de poner en riesgo el ciclo otoño-invierno del período 2024-2025, cuando se programan los cultivos de maíz y trigo. Siendo una situación desastrosa, no resulta sorpresiva. Los procesos cíclicos de la sequía están previstos, pero quienes han manejado los recursos hídricos del país durante los últimos cuarenta años, abandonaron el criterio ecológico básico de que la gestión de más agua por medio de la ciencia, la tecnología y los grandes proyectos de infraestructura, hacen posible una incidencia positiva en el clima para robustecer los ciclos hidrológicos ampliando la masa verde y atenuando los periodos de estiaje.

El Gobierno de López Obrador está concluyendo su gestión, y no solo terminó sometido a la inercia de las políticas hídricas de las últimas décadas, sino que en su desenfrenado voluntarismo por “pasar a la historia”, no le importa que sus acciones queden escritas en papel mojado. Después de consentir la operación ilegal del Acueducto Independencia, que profundiza el desbalance hídrico de la Cuenca del Río Yaqui, para “compensar” a la Tribu Yaqui emite un decreto con el que les otorga 450 millones de metros cúbicos más. Un volumen de agua que no está disponible, pues las concesiones a los usuarios de la cuenca comprometen los promedios de almacenamiento anual.

Hay una ironía en la resolución presidencial que le otorga mayores volúmenes de agua a los pueblos yaquis. En el afán de superar al presidente Lázaro Cárdenas, López Obrador, camina en contra del decreto cardenista, al quitarle jurisdicción y primacía a los yaquis sobre la parte media alta de la cuenca, donde se ubica la Presa la Angostura, y donde el decreto de 1940 le asigna a los yoremes el 50 por ciento de los almacenamientos promedio de dicho embalse.

Es importante precisar que en razón de los almacenamientos promedio de la Presa la Angostura, a los yaquis les corresponden 280 millones de metros cúbicos anuales. El decreto cardenista estipula que este volumen de agua le debe ser entregado a la tribu, independientemente de la construcción de otros aprovechamientos sobre la cuenca. Una observancia que protege a los yaquis y que les da la primacía sobre los usos de las aguas del Río Yaqui. Es esta protección jurídica a la tribu, la que quedaría conculcada si los yaquis terminan por aceptar el decreto de López Obrador.

Al quitarle jurisdicción sobre la parte alta de la cuenca a los yaquis, el decreto Lópezobradorista –además de otorgarles agua no disponible– los remite a la condición de usuarios de la parte baja de la cuenca, es decir a los almacenamientos de la Presa Álvaro Obregón (Oviáchic), donde estarían sujetos a la disponibilidad de agua del embalse junto con los demás usuarios del Valle del Yaqui. Ya en esas condiciones, la tribu perdería derechos de alegato jurídico en contra de los desvíos de las aguas de Río Yaqui que se realizan desde la parte media alta de la cuenca, como el Acueducto Independencia que trasvasa crecientes volúmenes de agua a la ciudad de Hermosillo.

Es previsible que el decreto de López Obrador, inscrito en el llamado Plan de Justicia para los Pueblos Yaquis, profundice los conflictos por el agua en la región. Se agudizarán al cruzarse con los episodios de sequía, cuando los almacenamientos de la presa del Oviáchic desciendan a los niveles que no puedan ni cumplirles los volúmenes de agua que les garantiza el decreto cardenista.

Cuando el presidente López Obrador se imagina parado frente a la historia suele darle la espalda a la realidad. Y en esas condiciones emula al socorrido rey Canuto, aquel monarca que se empeñaba en detener las olas del mar con la fuerza de sus decretos y edictos reales.