Se trató de la presentación del Primer informe, Violación de Derechos de las y los jornaleros agrícolas en México, un tema que a veces pareciera ser ignorado tanto en los círculos oficiales como entre los medios de comunicación.
En esta ocasión, el evento fue coordinado por organizaciones como Voces Mesoamericanas Acción con Pueblos Migrantes; Mixteco Yosonuvico de Sonora Cerro Nublado; Letras Migrantes. Sala de Lectura; académicos de El Colegio de Sonora y otros independientes.
En ese documento se establece, por principio de cuentas, que el 99% de los y las jornaleras sufre pobreza por insuficiencia de ingresos o por carencias sociales.
Esto explica de cierta manera por qué entre la población jornalera ingresa un mayor número de miembros de la familia al trabajo remunerado.
El documento fue elaborado por la Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas y de acuerdo a los hallazgos de este trabajo de investigación en México, las y los jornaleros agrícolas migrantes suelen estar en una situación de mayor vulnerabilidad y durante los procesos migratorios enfrentan diferentes situaciones que evidencian la falta de respeto y garantía de sus derechos humanos y laborales.
"Están expuestos en los campos agrícolas a que sean víctimas de abusos que van desde irregularidades en el pago de sus salarios, jornadas laborales superiores a las ocho horas, condiciones de explotación que conllevan a que en el contexto de la población jornalera exista una normalización del abuso y de la explotación", destaca el texto.
Según la crónica del Colegio de Sonora, "a partir de los testimonios presentados y del balance de los principales programas dirigidos a la población jornalera en México, se puede derivar que no se conoce de forma certera el número de personas migrantes jornaleras agrícolas internas en nuestro país: por edad, sexo, condición migratoria por entidad federativa, origen étnico, flujos y rutas migratorias, entre otras".
Los investigadores dieron a conocer que no existe un padrón actualizado de productores por entidad federativa, cultivo y superficie cosechada, pero tampoco existe información o diagnósticos vigentes por parte de instancias de gobiernos a nivel local, municipal y estatal en los estados de origen y de destino, que permita a las personas jornaleras agrícolas conocer sus derechos humanos laborales, así como las instancias que les defienden y acompañan.
"El acceso a la atención médica y el derecho a la salud de los/as trabajadores/as agrícolas y su familia no se da o es esporádica y precaria. Las condiciones de vida de las personas jornaleras en los albergues o cuarterías son un atentado a sus derechos humanos", detallan.
Además, explican, se ha reducido el gasto social para la atención de las personas jornaleras en México y el único programa social creado y focalizado para la población jornalera, en este sentido es el Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas, que ha dejado de jugar su papel, no solo de atención a jornaleros/as sino como líder de la coordinación interinstitucional a nivel federal.
Quizá este documento no haya trascendido como muchas otras historias de las redes sociales, pero es un llamado de atención para que los gobiernos, federal, estatal y municipal, actúen de inmediato y no quede en el discurso la protección a los jornaleros agrícolas que no solamente están en Sonora sino en muchas otras entidades productoras.
Se debe actuar hoy antes de que organizaciones internacionales sobre derechos humanos hagan trascender en mayor medida las condiciones en que se encuentra este sector de la producción en el país.
Ojalá y Sonora ponga la muestra.
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