Impunidad, la reina

En esta semana, el Comité Ciudadano de Seguridad Pública de Sonora emitió su informe al mes de junio, en el que hace ver cómo camina la cadena de justicia en la entidad, es decir, las cifras disponibles de los presuntos delitos cometidos, los denunciados, las carpetas de investigación abiertas y los asuntos resueltos por mediación o por un juez.

Además, en su informe el organismo identifica en qué consiste el Proceso Penal Acusatorio en Sonora y las plazas y cargos que conforman cada una de las etapas para su funcionamiento.

En una pirámide invertida, se presenta un resumen de la cadena de justicia en Sonora durante 2021, según se lee en la gráfica:

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Se presume la comisión de 709 mil 816 delitos, un aumento de 24% con respecto al año anterior.

De ese gran total, solamente se interpusieron 56 mil 224 denuncias o querellas, se indica en el documento, y de ahí se derivaron 42 mil 795 carpetas de investigación, de las cuales se desprende que 26 mil 701 están en etapa de investigación y solamente hay resueltos seis mil 666 asuntos, con tres mil 74 delincuentes sentenciados.

Se deduce en consecuencia que la impunidad sigue presente en Sonora y eso debe alertar a la población porque al no acudir ante la autoridad correspondiente a presentar una denuncia, eso repercute directamente en la impunidad, lo cual es un incentivo para los delincuentes.

En su análisis, la organización ciudadana sostiene:

“En Sonora merecemos vivir en un ambiente de paz, con un eficiente acceso a la justicia y respeto a los derechos humanos. Por ello, debe­mos asumir la responsabilidad compartida, entre ciudadanos y las autoridades, de mejorar el proceso de acceso a la justicia. Los Comités Ciudadanos de Seguridad Pública de Sonora y Hermosillo consideramos que, para mejorar los resultados, por lo menos se deberían atender estos elementos:

Las instituciones deben generar información pública confiable, actualizada y de calidad, que permita generar diagnósticos, monitoreo y evaluación del trabajo interno del Proceso Penal Acusatorio, para identificar dónde se encuentran las áreas que limitan o afectan el proceso y así, encontrar áreas de oportunidad para mejorar la eficiencia operativa.

Las instituciones deben mejorar la transparencia de los procesos para los ciudadanos y ciudadanas. Quienes denuncian deben tener certeza del progreso de su denuncia, de los tiempos y de los recursos que les será necesario invertir para el seguimiento de su caso.

Los ciudadanos y ciudadanas debemos denunciar. Es imprescindible tener presente que la denuncia es nuestra única herramienta para movilizar a las instituciones, que se inicie una investigación ante un hecho presuntamente delictivo y se castigue a quienes cometen un crimen.

Incrementar la capacidad institucional para procesar la denuncia. Las Agencias del Ministerio Público deben contar con los recursos suficientes para cubrir las necesidades operativas y de inteligencia que permitan mejorar la calidad del trabajo y eliminar los obstáculos para acceder a la justicia de manera efectiva.

Mayor efectividad en las sentencias. Es necesario llevar a cabo acciones categóricas para la resolución de los delitos que hasta hoy siguen impunes. Necesitamos juicios prontos y expeditos, y sentencias ejemplares para quienes son responsables de cometer un delito.

Esto contribuirá al desarrollo institucional del estado y a la reducción de estos delitos”, sostiene.

La conclusión es que se requiere no solamente la eficiencia y honestidad del sector público para atender las denuncias de los ciudadanos sino que la sociedad también debe contribuir a que llegue la justicia para todos, comenzando con la denuncia de los delitos.

Si presionando mediante demandas, la justicia tarda, si no se denuncia menos va a llegar y de ahí se agarran muchos funcionarios públicos para no servir.

Hagamos que este ciclo hoy trunco, llegue hasta sus últimas consecuencias.