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El compromiso



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“Usted prometió que las peores prácticas del pasado habían terminado, pero la semana pasada, hace unos días, se filtraron documentos de trabajo de la FGR donde se proponen una serie de reformas para seguir acosando a periodistas, incluyendo revivir la difamación como delito que podría ser castigado con cárcel, algo que ya se había eliminado después de la persecución de Lydia Cacho por denunciar la pederastia y la corrupción...”, expresó Dresser. Y ni modo, a pesar de la retahíla recurrente del Presidente, sobre su distancia y diferencias con los gobiernos anteriores, no le quedó otra que asegurar que sí, si Alejandro Gertz Manero presenta formalmente tal iniciativa, ésta sería condenada desde Palacio Nacional. Una prueba, tal vez la más al alcance, para demostrar una real autonomía entre la nueva dependencia y el Ejecutivo.

Bien por Dresser, quien acudió a la conferencia a subrayar una coyuntura por demás desafortunada para la libertad de expresión. El caso de Sergio Aguayo, del que escribimos en este espacio, acentúa la alerta que debemos tener todos, quienes trabajamos en medios de comunicación y quienes los consumen, ante atropellos condenados en casi todos los frentes y a las posibilidades de endurecer leyes y sanciones que atentan contra derechos elementales, como lo es el de la información y todas las vías que la construyen.

Si es absolutamente reprobable que al doctor Aguayo se le condene a pagar 10 millones de pesos tras el fallo a favor de Humberto Moreira por “daño moral”, resulta terriblemente peligroso e inadmisible que la difamación pretenda ser delito castigado con cárcel. Más aún, que esto sea escrito en un código totalmente brumoso, donde el trabajo de los periodistas correría el riesgo de caer en esta definición, sobre todo si existen jueces como Francisco Castillo González, de cuestionable lectura legal. Porque el caso de Sergio Aguayo, incluso fue condenado merecidamente por la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, quien reconoció que la labor de los periodistas y analistas no debe limitarse.

Y el llamado de Dresser se sumó a la alerta que en días previos hizo el ministro presidente de la SCJN. Arturo Zaldívar Lelo de Larrea informó a Palacio Nacional que la Corte no avalará una reforma penal como se plantea en los documentos filtrados, que no sólo hablan en términos de difamación, sino que, además, pretenden restaurar el arraigo, abrir la posibilidad de intervenir líneas telefónicas y modificar el proceso para ordenar un cateo, entre otras cosas. México no puede regresar a un sistema de justicia inquisitivo, advirtió. Aquí también estaremos esperando que el compromiso presidencial se cumpla.