El caso García Luna

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que al momento de la detención no tenían conocimiento del caso. Le creo. El Gobierno Federal ha actuado con incertidumbre y depende de la información que llega de Estados Unidos y no parece tener mucha más que la tenemos los medios.

Entonces, es un caso armado y ejecutado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Aparentemente no han intervenido las agencias con las que García Luna trabajaba, como la DEA, la CIA o el FBI. El punto es central porque el ex secretario de Seguridad Pública fue formado por esas agencias de seguridad: tuvo cursos y capacitación con la CIA, la DEA y el FBI. Mantuvo, durante sus años como funcionario público, estrechas relaciones con el comando norte y el sur de la Defensa estadounidense, con el Mossad y con los organismos de inteligencia de Japón, donde vivió, durante los meses que estuvo en ese país, en la casa del jefe del mismo.

Durante sus años de servicio, primero en el Cisen, durante el Gobierno de Ernesto Zedillo, luego en la AFI, durante el de Fox, y más tarde en la Secretaría de Seguridad Pública, con Calderón, esas relaciones se estrecharon todavía más. García Luna llegó a tener la autorización de seguridad para acceder a información de Estados Unidos, más alta que cualquier otro mexicano, junto con un alto mando de la Marina. Para nadie era un secreto.

Durante tres sexenios tuvo acceso a una enorme cantidad de información de seguridad y de la vida política del país. Instrumentos como Plataforma México eran poderosísimos en ese sentido. La consecuencia fue que el principal interlocutor con Estados Unidos durante el Gobierno de Calderón, pero también durante el último tramo del de Fox, fue el propio García Luna.

Cuando acabó el sexenio estableció una agencia de seguridad en Miami. Sus socios eran un ex jefe antiterrorismo de Estados Unidos, responsable del operativo que acabó con la vida de Osama bin Laden, y un reconocido ex jefe de seguridad de Colombia. Aquella agencia trabajó para la DEA, para la OEA, para Harvard y para innumerables empresas muy importantes de Estados Unidos y México, además de gobiernos centroamericanos. García Luna obtuvo autorización de la seguridad estadounidense para adquirir los derechos de sistemas muy sofisticados que instaló en México. Con esa infraestructura siguió trabajando para empresas particulares, para agencias de Gobierno e incluso para dependencias (esos son los contratos que la UIF califica como transferencias).

No es creíble que la detención se haya derivado de la declaración del Rey Zambada. Estamos ante una operación de otras características.

A partir de que se presenta la solicitud de negociación por parte de la defensa (por cierto, el despacho que defiende al ex secretario de Seguridad, Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, es donde trabajaba el actual embajador, Christopher Landau) se abre otra perspectiva. Para negociar con las autoridades estadounidenses, García Luna tiene, efectivamente, que declararse culpable de por lo menos uno de los cuatro delitos de los que se le acusa.