AMLO favorece la corporativización del campo mexicano
La caída de más de 30% en precios, se cruza con un incremento de costos que supera el 50%, amenazando con carteras vencidas a los productores
Por más de dos meses los productores de maíz y trigo, de los estados de Baja California, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Tamaulipas y Michoacán, entre otros, han estado realizando manifestaciones en distintos tonos e intensidades para que el gobierno federal atienda la tremenda contingencia que compromete las capacidades productivas de las regiones graneleras del país, ahora afectadas por una caída abrupta en los precios internacionales de estos productos como consecuencia de que tales bienes se cotizan en los mercados especulativos de la bolsa de Chicago.
La caída de más de 30 por ciento en los precios, se cruza con un incremento de costos que supera el 50 por ciento, amenazando con una secuela de carteras vencidas a los productores, si el gobierno federal se mantiene empecinado en no destinar los recursos presupuestarios requeridos para compensar la caída en los precios de estos bienes. Las cosechas de trigo están por concluir y las de maíz por empezar, en un contexto de incertidumbre total, pues los precios internacionales en su caída histórica ofrecen solo 4 200 pesos por tonelada de trigo y 4 900 pesos por tonelada de maíz, cuando se requieren, para recuperar costos y lograr un margen de ganancia razonable, 8 mil pesos por la tonelada del primero y 7 mil pesos por la del segundo.
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Durante la campaña del 2018, Andrés Manuel López Obrador, en todas las regiones agrícolas del país donde realizó mítines, ofrecía una política de precios de garantía para todos los productores. Ya como presidente electo entró a las negociaciones del TMEC y siendo presidente lo ratifica, comprometiendo con ello -como lo hicieron los gobiernos anteriores desde la firma del TLCAN- a la producción nacional de granos básicos. Una vez ocurrido esto, el presidente pasó por encima de sus palabras, y no aplicó la política de precios de garantía que había prometido.
Encubrió su complicidad con la política de precios derivada del TMEC, refugiándose en la aplicación de subsidios a la agricultura de subsistencia, a sabiendas de que ésta no tiene la capacidad de incorporarse al cumplimiento de metas que realmente contribuyan a la reducción en la dependencia alimentaria. No es la primera vez que el presidente atiende a la realidad con acciones simbólicas. Él se siente complacido y libre de culpa, porque ayuda con paquetes de asistencia a los campesinos pobres y con ello pierde toda consideración sobre las afectaciones económicas que le ocasionará al país dejar a expensas de los mercados internacionales y sus grandes corporativos, a los productores nacionales que se ubican en las zonas del riego que cuentan con la capacidad instalada para responder, en cualquier momento, a una política alimentaria orientada al mercado nacional y a la autosuficiencia.
Mientras el gobierno federal, en coordinación con los gobiernos estatales, despliega una estrategia disuasiva, con ofrecimientos muy por debajo de los requeridos y sin oficializar ninguna de las promesas, corporativos como CARGILL, se aprovechan de la indefensión de los productores y de sus apremios, para ofrecer compras a precios todavía más abajo que los establecidos por el mercado internacional.
Productores de Sinaloa, hacen reclamos airados y exigen la intervención urgente del gobierno para que sirva de interlocutor con los compradores y que estos paguen precios más justos. Denuncian que en Sinaloa, CARGILL quiere pagar a 4 mil 800 pesos la tonelada de maíz, lo cual terminaría de hacer giras a los productores. Este es el mismo cuadro que se replica en todos los estados productores de maíz y trigo.
El caso de Sinaloa es característico, no solo porque produce seis millones de toneladas de maíz anuales, sino porque este volumen que representa el 25 por ciento de la producción nacional del cereal, está a cargo de una composición social-productiva que en promedio comprende a productores de veinte a cincuenta hectáreas, que producen casi tres millones de toneladas del cereal. Composiciones similares se registran en los demás estados graneleros en donde todavía sobreviven formas de organización productiva, organismos de crédito de los productores que no han sido engullidos por los carteles graneleros.
La ausencia del gobierno en este episodio tan crítico que sufre el campo mexicano, le está dando manga ancha a los grandes corporativos privados trasnacionales que con una voracidad irrefrenable pretenden desplazar a los productores nacionales y convertir, con una dictadura de mercado, a las regiones graneleras de México, en patrimonio y palanca de sus mercados especulativos.
Triste y patético atardecer de un gobierno que presumiéndose anti neoliberal le entrega el futuro alimentario de la nación a la suerte de un tratado que ha simbolizado por los últimos treinta y cinco años la corona del neoliberalismo y el fracaso de la economía nacional.