Días después de la muerte de los campesinos de San Ignacio Río Muerto, a manos del Estado, miles de campesinos exigían en las calles de Ciudad Obregón, justicia y castigo para los asesinos.
Al mismo tiempo, demandaban afectación inmediata del latifundio y reparto agrario de los valles Yaqui y Mayo.
Entonces, la bandera del Agrarismo y la figura de Zapata se levantaron airosas en el indómito Valle del Yaqui.
La lucha por la tierra fue intensa.
Las movilizaciones se generalizaron y los predios fueron tomados en el Valle del Yaqui. Primero fue en San Ignacio; después, en el Block 407, situado en los límites de los municipios de Cajeme y Bácum, lugar muy cercano a Ciudad Obregón. El apoyo popular era evidente. Día a día, los campesinos recibían la solidaridad de clase. A su lado estuvimos maestros democráticos; estudiantes de la Prepa Popular y universitarios; colonos y trabajadores que dieron fuerza y razón social a las justas demandas de tierra y libertad.
El Gobierno del Estado no podía detener el cerco.
Estos inocultables hechos obligaron a la Federación a expropiar el latifundio.
Cuatro días después del suceso histórico, el Presidente Luis Echeverría Álvarez envió a Sonora al propio Secretario de la Reforma Agraria con instrucciones precisas de resolver el problema campesino que había generado una justificada revuelta.
Los trabajos técnicos se aceleraron. Finalmente, el histórico día 28 de noviembre de 1975, la Secretaria de la Reforma Agraria emitió el decreto de afectación de terrenos y entregó en acto solemne, mediante Resolución Presidencial una superficie de más de 4,300 hectáreas de tierras de cultivo al Nuevo Centro de Población Ejidal denominado: San Ignacio Río Muerto. El grupo estaba constituido por 438 solicitantes avecindados en el poblado rural que saltó a la palestra mundial por su ejemplar lucha por la tierra que concluyó finalmente con esta acción agraria.
La respuesta al reclamo airado de las mujeres y los hombres del campo sonorense llegó después de más de veinte años de intensas gestiones. Costó la vida de siete campesinos asesinados, catorce heridos de bala; dirigentes encarcelados, torturados y perseguidos.
Para vergüenza nacional el 23 de octubre de 1975, fue una madrugada de terror.
Al recibirla en manos del Gobierno después de treinta y cinco días de los hechos trágicos sucedidos en el Predio 717 del Valle del Yaqui, los campesinos honraron la memoria de los caídos en aquella masacre que inmoló a los seguidores del prócer de Morelos y de los líderes campesinos Jacinto y Machi López.
La lucha agraria no terminó aquí. Continuó sin pedir ni dar cuartel.
Como consecuencia de estos hechos históricos, las movilizaciones se multiplicaron. Surgieron de las mismas entrañas de la tierra. El estado de agitación en el sur de Sonora creció como la espuma. El Gobierno Estatal se vio rebasado y no pudo tapar el sol con el dedo de la simulación y la mentira, del engaño y la traición.
Entonces, se reagruparon decenas de grupos solicitantes que no habían sido atendidos por parte de funcionario alguno de la Secretaría de la Reforma Agraria y, menos, asesorados y apoyados para constituir formalmente los Nuevos Centros de Población Ejidal, tal y como lo establecía la propia Ley Agraria en vigor. Con banderas desplegadas los sin tierra se lanzaron a las calles. Como resultado de la omisión oficial al no haber publicado centenas de expedientes que dormían plácidamente en las oficinas regionales, estatales y nacionales, se avivó el despertar y la movilización de las masas campesinas.
Todos estos pasos tortuosos tenían que dar los herederos de quienes ofrendaron sus vidas durante la Revolución Mexicana bajo el grito irredento de Tierra y Libertad.
Esta lacerante situación se mantenía oculta. Era evidente: los burócratas se habían convertido en cómplices de aquellos que bajo el amparo del poder ostentaban latifundios reales o simulados.
