Por enésima ocasión se llevó a cabo el intento de desalojo en la vivienda ubicada en la calle Molise 606 en el fraccionamiento Urbi Villa del real al poniente de Ciudad Obregón, donde de nueva cuenta, los vecinos denunciaron la prepotencia del abogado de la inmobiliaria ILT, quien, dijeron, frecuentemente se extralimita en sus facultades.
Marisela Anaya Castro, presidenta de la Asociación Negociador del Patrimonio Habitacional manifestó que este miércoles, durante la diligencia, se presentó la actuaria acompañada de agentes de Seguridad Pública, y de nueva cuenta no mostró la orden de desalojo emitida por el juez civil.
Y posteriormente, el abogado en mención instaba a los agentes a introducirse la vivienda, diciendo que no había más que una persona haciendo oposición, siendo un jovencito menor de edad, quien al oponerse a la acción fue empujado con el cuerpo por el mencionado representante legal de la inmobiliaria, acusando al menor de violentarlo, expresó la dirigente.
Fue en ese momento cuando ella, acompañada por otros vecinos, fueron llegando al exterior del inmueble, exigiendo al personal del juzgado, agentes de policía y cargadores su retiro inmediato del lugar, dado que existía en ese momento un acto de resistencia civil, motivo por el cual no se puede llevar a cabo el desalojo.
Comentó que ya la semana anterior, en otra acción similar que tuvo lugar en calle Avellino número 4326 entre bulevar Urbi Villas del Real y Avilés, la posesionaria del inmueble denunció el forcejeo con el abogado de la inmobiliaria ILT, cuando éste intentaba violentar con una cizalla la malla de la cerca que resguarda la casa, provocando escoriaciones en el brazo de esta persona, al darse un forcejeo.
Expresó Anaya Castro que no es función ni facultad del personaje mencionado realizar acción alguna en las diligencias, sino que, de acuerdo con la ley, únicamente puede estar expectante en el lugar en lo que las autoridades realizan el trabajo.
Finalmente, comentó que los vecinos continuarán con la resistencia civil mientras no se obtenga el apoyo que han solicitado al gobierno estatal, que prometió ayudarles para resolver la situación de manera justa, pues la mayoría tienen más de 10 años en posesión de unas casas que inicialmente estaban, unas, en obra negra; otras, vandalizadas y enmontadas, y ahora la inmobiliaria quiere desalojarlos para venderlas de nuevo a muy alto precio, cuando ellos ya ellos estaban habitándolas cuando fueron vendidas en paquetes.
