Especialistas explican fundamentos legales sobre el fallecimiento de una gestante durante una explosión que abrió un debate jurídico relevante
Por: Fernanda Rodríguez
Guadalupe Fernández tenía 24 años y cursaba el octavo mes de embarazo cuando ocurrió el incendio en una tienda Waldo´s ubicada en el centro de Hermosillo, el pasado 1 de noviembre de 2025. La joven y el bebé que esperaba fallecieron durante el siniestro, convirtiéndose en dos de las 24 víctimas mortales que dejó la explosión.
La historia de Lupita, como era conocida, ha generado especial atención debido a que su muerte y la de su hijo forman parte de una investigación penal que incluye el delito de aborto, además de otros cargos.
El 26 de enero, un juez de Control vinculó a proceso a siete personas, entre ellas el representante legal de Waldo´s, así como a una persona moral, por su presunta responsabilidad en los hechos. Todos enfrentarán el proceso en libertad.
Los delitos que se investigan son homicidio culposo, aborto, lesiones, daños, uso de documento falso e incumplimiento de un deber legal, derivados de la explosión que también dejó 15 personas lesionadas.
¿POR QUÉ SE INVESTIGA EL DELITO DE ABORTO?
El presidente de la Barra Sonorense de Abogados, José Manuel Ávila Valenzuela, explicó que la imputación del delito de aborto se incluyó debido a que una de las víctimas se encontraba embarazada y perdió la vida junto con el producto de la gestación.
De acuerdo con el artículo 267 del Código Penal del Estado de Sonora, el aborto sin consentimiento de la mujer embarazada contempla sanciones de entre tres y diez años de prisión. No obstante, el especialista aclaró que la imputación se realiza a nivel de probabilidad y será el juez quien determine si dicho delito se sostiene al final del proceso.
UN PROCESO JUDICIAL AÚN SIN RESOLUCIONES DEFINITIVAS
El caso es considerado atípico por las autoridades debido al alto número de víctimas. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora abrió la carpeta de investigación el mismo día de los hechos y realizó diligencias de manera inmediata.
La carpeta fue judicializada el 19 de diciembre, lo que derivó en órdenes de aprehensión contra 25 personas y en cateos realizados el 24 de diciembre. Tras audiencias prolongadas y ajustes procesales, el 14 de enero se imputaron cargos a nueve personas, aunque dos de ellas no fueron vinculadas posteriormente por prescripción y falta de elementos.
La Barra Sonorense de Abogados reiteró que el proceso aún se encuentra en una etapa preliminar y que no es posible hablar de responsabilidades definitivas. Subrayó la importancia de respetar la presunción de inocencia y esperar a que se emitan dictámenes y resoluciones judiciales firmes.