Cualquier importación deberá realizarse conforme a la ley aduanera vigente, una decisión que impactará a propietarios
Por: Fernanda Rodríguez
El gobierno federal publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) un decreto que elimina de manera definitiva el programa que permitía la legalización simplificada de vehículos usados importados de manera irregular, comúnmente conocidos como "autos chocolate". El decreto, firmado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, elimina los acuerdos relacionados con este esquema que habían estado vigentes desde 2022 y sus modificaciones posteriores. La medida marca el cierre formal de un programa que permitió la regularización de millones de unidades en el país.
CIERRE DE UN PROGRAMA QUE LEGALIZÓ MILLONES DE VEHÍCULOS
El programa, otorga certeza jurídica a propietarios de vehículos de procedencia extranjera que no habían tramitado su importación definitiva, además de contribuir a la seguridad pública al identificar automóviles que, al no estar registrados, podían estar asociados a actividades ilícitas.
Durante su vigencia, el esquema permitió la regularización de más de 2.5 millones de vehículos, principalmente en estados con alta migración fronteriza como Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila y Tamaulipas, entre otros. Para acceder a este beneficio, los propietarios pagaban un monto relativamente bajo que se destinaba a obras públicas, como pavimentación de municipios participantes.
Con la publicación del nuevo decreto, ya no se admitirán nuevos trámites bajo este esquema, y cualquier trámite que estuviera en proceso será revisado bajo las modificaciones transitorias que establece la norma para su cierre efectivo.
CRÍTICAS, APOYO Y CONTEXTO DEL MERCADO AUTOMOTRIZ
La política de regularización fue controvertida desde su inicio. Por un lado, sectores populares y propietarios de estos vehículos celebraron la posibilidad de obtener documentos legales para autos que les servían como medio de transporte cotidiano. Por otro, la industria automotriz y cámaras empresariales criticaron la medida, argumentando que fomentó la importación irregular de autos usados, afectó la venta de vehículos nuevos y debilitó al mercado formal.
Organizaciones como la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) habían señalado en ocasiones anteriores que el decreto podía incentivar el contrabando de unidades y perjudicar a concesionarios que cumplen con la normativa vigente.
Con la eliminación del programa, el gobierno busca ordenar el mercado vehicular, promoviendo que la importación definitiva de vehículos usados se realice conforme a la Ley Aduanera y demás disposiciones fiscales vigentes. Según fuentes oficiales, la medida también pretende priorizar incentivos a la producción nacional de vehículos y reducir prácticas que carezcan de control formal.