se establece la prohibición de la producción, distribución y comercialización de sustancias tóxicas, precursores químicos y drogas sintéticas
Por: César Omar Leyva
En una sesión histórica, el Senado de la República aprobó con 110 votos a favor, cinco en contra y dos abstenciones las reformas constitucionales que prohíben y sancionan las actividades relacionadas con vapeadores y el uso ilícito de fentanilo. Este proyecto fue remitido a las legislaturas estatales para su ratificación.
El dictamen, que busca garantizar el derecho a la protección de la salud, propone añadir un párrafo quinto al artículo 4º y un párrafo segundo al artículo 5º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Las nuevas disposiciones sancionarán toda actividad relacionada con cigarrillos electrónicos, vapeadores y dispositivos análogos. Además, se establece la prohibición de la producción, distribución y comercialización de sustancias tóxicas, precursores químicos y drogas sintéticas no autorizadas, incluido el uso ilícito de fentanilo.
A pesar de las reservas presentadas por legisladores del PAN, PRI, MC y Morena para modificar el dictamen, estas fueron rechazadas por la asamblea, que aprobó el proyecto en lo particular con 86 votos a favor y 39 en contra.
FENTANILO SOLO CON FINES MÉDICOS
Durante la discusión, Enrique Inzunza Cázarez, en representación de las comisiones de Salud, Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos, destacó que esta reforma no solo refuerza la protección a la salud, sino también fortalece la seguridad pública y la lucha contra el crimen organizado.
Por su parte, Lilia Margarita Valdez Martínez, senadora de Morena, subrayó la preocupación por los 938 mil adolescentes que han usado vapeadores en algún momento, según datos de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).
Valdez Martínez también aclaró que el fentanilo seguirá siendo utilizado con fines médicos autorizados, pero su uso ilícito quedará completamente prohibido. Estas reformas envían un mensaje claro sobre el compromiso del Estado mexicano con la protección y el bienestar de sus ciudadanos, alineándose con los esfuerzos internacionales para combatir las adicciones y el narcotráfico.