Hospitales y sistemas de salud enfrentan un dilema crítico: advertir a los pacientes sobre el posible uso de su información o guardar silencio
Por: Brayam Chávez
La decisión del Gobierno de Donald Trump de permitir que autoridades migratorias accedan a información del programa Medicaid ha encendido alertas entre hospitales, gobiernos estatales y defensores de derechos humanos. La medida abre la puerta a que datos personales de pacientes inmigrantes, como direcciones de domicilio y estatus migratorio, puedan ser utilizados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para localizarlos durante operativos de deportación.
De acuerdo con un reportaje de KFF Health News, hospitales y sistemas de salud enfrentan un dilema crítico: advertir a los pacientes sobre el posible uso de su información o guardar silencio para no disuadirlos de buscar atención médica urgente. Cualquiera de las dos decisiones tiene consecuencias directas sobre la salud pública y la confianza en el sistema sanitario.
ADVERTIR O NO ADVERTIR: EL DILEMA HOSPITALARIO
Según CNN, informar a los pacientes podría provocar que muchos eviten solicitar Medicaid de Emergencia, un programa clave que permite a los hospitales recuperar los costos de atención médica urgente para personas que no califican para Medicaid regular. Sin embargo, no hacerlo implica que los pacientes podrían desconocer que su información personal puede ser compartida con autoridades migratorias.
Este escenario ocurre en un contexto de endurecimiento de la política migratoria, con operativos cada vez más frecuentes dentro de Estados Unidos y un uso ampliado de bases de datos federales para fines de deportación.
QUÉ ES MEDICAID DE EMERGENCIA Y POR QUÉ ES CLAVE
El programa Medicaid de Emergencia fue creado en la década de 1980, a partir de una ley federal que obliga a los hospitales a atender a cualquier persona con una condición potencialmente mortal, sin importar su estatus migratorio o capacidad de pago. Este esquema cubre únicamente atención de emergencia, así como servicios relacionados con el embarazo y el parto.
En 2023, el gasto federal en Medicaid de Emergencia alcanzó casi 4 mil millones de dólares, lo que representa alrededor del 0.4 por ciento del gasto total del programa Medicaid. Para muchos hospitales, este reembolso es esencial para sostener la atención de pacientes sin seguro médico.
El problema, advierten expertos, es que la inscripción al programa requiere proporcionar información personal que ahora puede ser utilizada con fines migratorios.
UN CAMBIO RADICAL RESPECTO A POLÍTICAS ANTERIORES
Durante más de una década, hospitales y autoridades estatales aseguraron a los pacientes que su información no sería compartida con agencias de inmigración. Un memorando del ICE de 2013 establecía que los datos recabados para solicitudes de cobertura médica no se usarían en acciones de cumplimiento migratorio.
Esa garantía se rompió tras el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. Su administración ordenó centralizar información de diversas agencias federales en el Departamento de Seguridad Nacional. En la primavera pasada, los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid aceptaron otorgar acceso directo a una base de datos que incluye direcciones y estatus de ciudadanía de los beneficiarios.
Un juez federal dictaminó en diciembre que, en 22 estados que presentaron una demanda contra el acuerdo, el ICE solo puede acceder a información limitada de personas sin presencia legal en el país y sin detalles médicos. Sin embargo, en los otros 28 estados, los agentes pueden consultar datos personales de todos los inscritos en Medicaid.
HOSPITALES EVITAN ALERTAR DIRECTAMENTE A LOS PACIENTES
KFF Health News consultó a hospitales en regiones donde se han realizado redadas migratorias. La mayoría evitó detallar si modificaron sus políticas internas y ninguno de los que respondió afirmó advertir directamente a los pacientes sobre el posible uso de su información por parte del ICE.
Aimee Jordon, portavoz de un sistema hospitalario en Minneapolis, señaló que no brindan asesoría legal sobre el intercambio de datos entre agencias federales y recomendó a los pacientes buscar orientación con autoridades estatales o abogados especializados.
En contraste, algunos formularios estatales continúan asegurando confidencialidad. En California, el programa Medi-Cal aún indica que la información migratoria es confidencial y solo se usa para determinar elegibilidad, mientras que en Utah ese lenguaje fue eliminado tras cuestionamientos públicos.
RIESGOS PARA LA ATENCIÓN MÉDICA Y LOS PARTOS
Especialistas en políticas de salud advierten que la medida puede tener efectos graves. Leonardo Cuello, investigador de la Universidad de Georgetown, alertó que si los hospitales informan que los datos de Medicaid de Emergencia se comparten con el ICE, muchas personas dejarán de recibir tratamiento. Señaló que aproximadamente la mitad de los casos cubiertos por el programa corresponden a partos de bebés ciudadanos estadounidenses.
La abogada Sarah Grusin, del National Health Law Program, consideró que los hospitales deben ser transparentes y advertir que la información, incluido el domicilio, puede ser compartida. Una vez enviada, dijo, ya no puede protegerse. Por su parte, Bethany Pray advirtió que nadie debería tener que elegir entre dar a luz en un hospital y exponerse a una posible deportación.
DEMANDAS, DUDAS Y UN IMPACTO MÁS AMPLIO
Veintidós estados, en su mayoría gobernados por demócratas, presentaron demandas para frenar el intercambio de datos. Aunque el fallo judicial impuso límites en esos territorios, expertos cuestionan si el gobierno federal puede separar de forma efectiva la información de ciudadanos, residentes legales y personas sin estatus migratorio.
El Departamento de Salud confirmó que está compartiendo datos con el ICE conforme a la orden judicial, pero no explicó con detalle cómo garantiza que solo se transfiera la información permitida.
El acceso a estos datos ocurre en un contexto de temor creciente. Una encuesta conjunta de KFF y The New York Times reveló que uno de cada tres inmigrantes adultos evitó o pospuso atención médica durante el último año por miedo a consecuencias migratorias.
El debate sigue abierto entre hospitales, autoridades estatales y defensores de los pacientes. En el centro de la discusión están la protección de datos, el derecho a la salud y el impacto humano de una política que obliga a miles de familias inmigrantes a elegir entre su bienestar médico y su seguridad personal.