Para los gobiernos municipales y estatales se avizora una etapa muy dura en los meses por venir de 2020.
Y es que, de acuerdo a todo lo que se ha visto y oído, el recorte presupuestal para esas instancias de gobierno será drástico y no hay poder humano que convenza a las autoridades federales de que una cosa es la austeridad y el combate a la corrupción y otra, muy distinta, dejar en la inoperancia a los estados y municipios.
Ya en este 2019 se vio que ni siquiera los legisladores federales pertenecientes a Morena lograron atraer mayores recursos para los municipios o la entidad.
Están prácticamente todos los alcaldes a unas horas de pedir prestado para que no se les venga encima el personal de sus ayuntamientos debido a la falta de recursos para el pago de los aguinaldos, en principio, o bien muchos de los débitos con proveedores.
Es cierto que en el pasado reciente mucho del dinero entregado desde la Federación hacia las autoridades locales se esfumó en acciones que no tienen nada que ver con otorgar satisfactores sociales a la comunidad.
Por el contrario, se presupuestaron y se "construyeron" las obras pero solamente en el papel, pero en lo físico nadie las encuentra, como se ha visto en muchas poblaciones, por ejemplo con el llamado Fondo Minero.
Es decir, se conjuga el combate a la corrupción con la necesidad de entrar en la austeridad, pero en ese ir y venir se descobija a los ciudadanos, cuyas autoridades no alcanzan a tapar los baches o a proporcionarles servicios públicos de calidad.
¿Qué puede pasar? Primero, que los ayuntamientos se declaren en bancarrota porque no hay dinero federal suficiente, pero tampoco son ejemplo en el cobro de los recursos propios, con lo cual se agrava la crisis.
Se necesita un nuevo pacto federal en el que el compromiso sea apoyar a los ayuntamientos para que puedan cumplir sus compromisos. Jamás va a funcionar el federalismo si su célula básica, que es el municipio, permanece atada a los caprichos de la Federación en materia presupuestal.
Debe el gobierno central en ese nuevo pacto, dejar que los ayuntamientos y estados recauden más y mejor, pero que la distribución sea equitativa y no sean solamente 20 centavos lo que se les regrese por cada peso recaudado.
Solamente de esa manera aspectos como la educación, la salud y la seguridad pública tendrán suficientes recursos para mejorar. De otro modo, las aulas seguirán en decadencia, en los hospitales se seguirá sin equipos y medicamento y en las corporaciones policiacas, los agentes tendrán que seguir pagando las balas de sus pistolas reglamentarias.
Sabido es que el gobierno federal desea, ante todo, cubrir el aspecto social del presupuesto, pero una cosa es mejorar las condiciones de vida de los que menos tienen y otra muy distinta es hacer quebrar a los sectores productivos por inacción.
Austeridad y combate a la corrupción, sí. Pero también, fortalecimiento a los estados y municipios con recursos que puedan ser vigilados certera y oportunamente para que se sepa que lo enviado para obras, se cumplió sin desviaciones.
Ya con eso, estaremos del otro lado.
Comentarios: francisco@diariodel yaqui.mx
