La CEDHJ documentó que algunas carpetas abiertas en casos de personas fallecidas sin identificar en la Coordinación de Puestos de Socorros de la Fiscalía fueron archivadas, en vez de realizar la búsqueda de familiares para la entrega de los cuerpos.
También comprobó que en 25 casos de aquella contingencia de 2018, la Fiscalía y el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) perdieron los datos de identificación de personas sin vida, así como los datos relativos a la carpeta de investigación que se llevaba por sus casos.
Documentos sin la firma del agente ministerial y tardanza en procesar las huellas dactilares de los cadáveres, huellas que luego fue imposible tomar, por el estado de descomposición de los restos, son otras de las omisiones detectadas por el organismo.
Tras enumerar 13 omisiones del personal de la Fiscalía y 7 del personal del IJCF, la Comisión reitera que falló la coordinación entre ambas instituciones y esto se tradujo en la violación de los derechos humanos de personas que buscaban a un familiar desaparecido.
Hasta 2 años y 8 meses tardaron estas instituciones en entregar cuerpos de personas sin identificar, pese a que todo ese tiempo estuvieron en la morgue y su familia acudía a preguntar por ellos.
Finalmente, la última de las recomendaciones la hacen al Congreso del Estado, al que piden asumir un enfoque de derechos humanos para que los presupuestos asignados a la FE y al IJCF cubran las necesidades humanas, tecnológicas y materiales.
