Los legisladores de todas las fracciones parlamentarias coincidieron en el propósito de combatir la defraudación fiscal, las empresas "fantasma" y el tráfico de facturas, aunque no así en tipificar como delincuentes a quienes incurren en esas prácticas.
El dictamen a la minuta del Senado por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de las leyes Federal contra la Delincuencia Organizada y de Seguridad Nacional, así como de los códigos Nacional de Procedimientos Penales, Fiscal de la Federación y Penal Federal, fue sustentado por el diputado Marco Antonio Medina Pérez.
El legislador por Morena explicó que con las reformas planteadas se busca incluir la defraudación fiscal y la equiparada en el catálogo de delitos cometidos por la delincuencia organizada; y considerar como amenaza a la seguridad nacional y delito que amerita prisión preventiva oficiosa la comisión de actos ilícitos en contra del fisco federal.
Estos delitos pueden ser contrabando, defraudación fiscal, expedición, venta, enajenación, compra o adquisición de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados, explicando los montos, rangos y circunstancias para imponer las sanciones correspondientes.
Si una empresa tiene empleados, contrata servicios, se dedica a una actividad productiva y comete un error, afirmó, habrá la consideración del mismo, pues la ley permite que la autoridad fiscal vaya contra las empresas sin empleados, que registran ingresos y gastos de millones de pesos y que están organizadas para defraudar al fisco.
