El sistema de detención migratoria de Estados Unidos no es una política fallida, es un negocio. Una maquinaria perversamente eficiente que ha mutado hasta convertirse en una industria multimillonaria donde el ser humano es la materia prima y su privación de libertad, la mercancía. Olvídense del fracaso: es un modelo de negocio de un éxito rotundo, diseñado para enriquecer a un puñado de corporaciones a costa de los fondos públicos, la violación de los derechos más elementales y la explotación de la miseria humana.
El negro corazón de esta maquinaria es la privatización del castigo. Dos titanes corporativos, GEO Group y CoreCivic, se reparten el mercado del cautiverio. Según la American Civil Liberties Union, más del 80% de los inmigrantes detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) están encerrados en sus instalaciones. La piedra angular de su negocio es de una simplicidad brutal: el Gobierno federal les paga una tarifa diaria por cada cuerpo que ocupa una de sus "camas".
Este modelo crea un incentivo financiero directo, no para procesar casos con celeridad y justicia, sino para maximizar la ocupación y prolongar el encierro. Para colmo, muchos contratos federales garantizan una ocupación mínima, asegurando un flujo de caja constante a las corporaciones, haya o no detenidos suficientes. Es un hotel macabro con reservaciones pagadas por los contribuyentes, llueva o truene. El Estado, en una abdicación pasmosa de sus funciones, no sólo subcontrata la soberanía carcelaria, sino que garantiza por contrato las ganancias de sus verdugos.
Para redondear el negocio, el cinismo se convierte en explotación descarnada. Investigaciones periodísticas han revelado una práctica que evoca los capítulos más oscuros de la historia laboral: los propios detenidos son usados como mano de obra forzosa. Por limpiar, cocinar o mantener las instalaciones, reciben pagos irrisorios de hasta un dólar al día. Esta explotación, amparada por un vacío legal, subsidia las ganancias corporativas. Las víctimas financian con su trabajo su propio cautiverio.
Este engranaje necesita un motor político, y lo tiene. Políticas como la "cero tolerancia" y la criminalización del migrante son el combustible que lo acelera. Cada nueva ley de detención obligatoria es una nueva línea de negocio. No es casualidad que las acciones de GEO Group y CoreCivic se dispararan en la bolsa de valores con la elección de Donald Trump y que hoy fluctúen al ritmo de cada promesa de deportación masiva. Wall Street lo sabe: la xenofobia cotiza en bolsa y se traduce en dividendos.
El ciclo se sella con dinero. Para que la rueda no deje de girar, estas corporaciones invierten millones en lobbying y campañas políticas, como lo han documentado el Brennan Center for Justice y otros observadores. Financian a los políticos que luego escriben las leyes que les garantizan un mercado cautivo. Es una simbiosis corrupta y perfecta: el dinero privado captura la política pública para asegurar que el dinero público siga fluyendo hacia las arcas privadas.
La advertencia sobre lo que Dwight D. Eisenhower denominó el "complejo militar-industrial" encuentra aquí su eco civil: el "complejo industrial de la deportación". La red de beneficiarios se extiende más allá de las prisiones, abarcando empresas de transporte, de alimentos, de vigilancia tecnológica que fabrica grilletes electrónicos, y servicios médicos subcontratados de calidad deplorable. El presupuesto de ICE, inflado escandalosamente a más de 20 mil millones de dólares anuales, no financia la seguridad nacional; irriga este vasto y vil ecosistema de lucro.
La vileza del sistema alcanza su máxima expresión en su hipocresía. Criminaliza a los mismos padres, madres y abuelos que durante décadas han sido la mano de obra explotable que sostiene industrias enteras. Los convierte en "delincuentes" desechables después de haber aportado miles de millones al sistema a través de impuestos al consumo, impuestos sobre la renta, y miles de millones más a fondos como el Seguro Social y Medicare de los que jamás recibirán un solo dólar. Esta es la lógica retorcida que permite abusos sistemáticos como los documentados este año por Human Rights Watch en centros de detención de Florida, donde el uso del aislamiento como castigo por llorar o pedir ayuda, el hacinamiento extremo y la negación de atención médica son prácticas normalizadas.
Es la misma lógica que dejó morir por una infección no tratada a Abelardo Avellaneda, de 68 años, en Luisiana; que permitió la agresión sexual de al menos cuatro mujeres en Fort Bliss; que arrancó de su tratamiento contra el cáncer a una niña ciudadana, Sara Hernández, deportada con su familia; y que envió en abril una orden de autodeportación por error a miles de personas, incluyendo a Liudmila Armas, una abogada de inmigración y ciudadana estadounidense.
Mientras Europa debate la gestión de sus fronteras, el modelo estadounidense destaca por su cruda comercialización de la miseria, un fenómeno institucionalizado a una escala sin parangón entre las naciones desarrolladas. Se ha construido un sistema donde la justicia no es el objetivo, sino un obstáculo para la eficiencia del negocio. La libertad de una persona tiene un precio, su detención tiene un valor y su sufrimiento, un margen de utilidad. Se ha consagrado una lógica donde el Estado no sólo desprotege al vulnerable, sino que ha diseñado una arquitectura para que su vulnerabilidad sea, literalmente, un activo que cotiza en bolsa.
El Dr. Castro fue consejero externo para el Gobierno Mexicano y presidente de la comisión de asuntos fronterizos del Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME). Ha sido catedrático, decano y vicerrector para desarrollo internacional en Pima College de Tucson, Arizona.
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