Las huellas de Meade en los millones desaparecidos

La trama, publicada en febrero de 2017, refirió que una revisión de las nueve verificaciones financieras que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) le practicó a la Sedesol sobre la cuenta pública de 2015 muestra que nada más en un “esquema de simulación de servicios” con tres universidades del Estado de México, la dependencia desvió 887 millones de pesos.

Parte del dinero desviado terminó en las cuentas bancarias de tres empresas asentadas en Torreón, Coahuila, y vinculadas entre sí. Las mismas tres empresas recibieron recursos de otro programa de la Sedesol, que consistió en la instalación de baños ecológicos en zonas marginadas. En total obtuvieron 334 millones 55 mil pesos de las dos maniobras “que no tienen nada que ver una con la otra” y la ASF “presumió” un vínculo entre estas empresas y la Sedesol.

Se trata de Matchser, que recibió 74 millones 357 mil pesos en ambos movimientos; Srevint, 163 millones 685 mil pesos, y Factores y Servicios Humanos, que ganó 96 millones 13 mil pesos.

De acuerdo con la documentación de las empresas, en el Registro Público de Comercio, las tres fueron registradas ante el mismo notario, Gustavo Muñoz Domínguez: Factores y Servicios Humanos el 17 de abril de 2009, y Srevint y Matchser los días 22 y 23 de abril de 2014, respectivamente.

IMPUNIDAD GARANTIZADA

Los desvíos de los recursos de la Sedesol quedaron impunes gracias a la complicidad de su Órgano Interno de Control (OIC): la ASF determinó en la auditoría 288-DS que, “en general, no se promueven sanciones a los servidores públicos que han “infringido la normativa” y que aquella entidad no supervisa los programas con mayores recursos ni investiga la “causa origen de los problemas”.

De las 18 auditorías que el OIC realizó en 2015 se derivaron 78 observaciones, que mostraron el mal uso de 938 millones 639 mil pesos. De este monto, el organismo apenas logró reincorporar 98 millones 938 mil pesos. En otras palabras: nueve de cada 10 pesos desviados se desvanecieron y quedaron impunes.

El OIC detectó deficiencias en el padrón de beneficiarios de programas sociales, pero no promovió sanción alguna. También desechó tres de seis expedientes relacionados con “recursos financieros aplicados a objetivos distintos de su programación”, y los tres restantes “continúan en investigación”.

DESVÍOS ABSURDOS

El 30 de enero de 2015 la Unidad de Planeación y Relaciones Internacionales (UPRI) de la Sedesol otorgó tres contratos “por 136 millones 85 mil pesos, 319 millones 121 mil pesos y 156 millones 478 mil pesos, respectivamente” a la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de México, la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl y la Universidad Politécnica de Texcoco, para mejorar la operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS).

Las universidades, a su vez, transfirieron 97.7 por ciento de estos recursos a seis personas físicas y 12 personas morales “sin que existiera contrato o constancia que justifique los pagos y los servicios que no fueron otorgados”, precisó la ASF. Esto es ilegal, pues las universidades no tienen derecho a subcontratar más de 49 por ciento de los servicios.

Entre las beneficiadas de estos desvíos, según la ASF, se encuentran las empresas laguneras Matchser, Srevint y Factores y Servicios Humanos. A final de cuentas, los servicios no fueron prestados y el dinero se esfumó.

La ASF sostuvo, en su jerga, que el fraude consistió en “eludir el procedimiento de licitación pública y simular contratos con terceros, lo que ha provocado el ejercicio y desvío de recursos públicos a fines ajenos”.

Los auditores realizaron visitas domiciliarias a proveedores, quienes “se negaron a proporcionar la información solicitada”. Se percataron posteriormente de que estas empresas “tienen actividades diferentes a los servicios solicitados”. Durante la auditoría, la Sedesol “no encontró” los “entregables” de las universidades, ni los supuestos informes de los trabajos de supervisión.

La ASF descubrió que, al final de la cadena, los mil 246 coordinadores técnicos sociales recibieron pagos por un total de 79 millones 410 mil pesos. En otras palabras, no hay manera de comprobar que los servicios fueron prestados, y aunque fuera el caso, la Sedesol habría pagado 532 millones 301 pesos en exceso.

El absurdo no termina aquí: en febrero, marzo, septiembre y noviembre de 2015 la Sedesol asumió el pago a los coordinadores técnicos “tarea que incumbía a las universidades” por un monto total de 89 millones 959 mil pesos.

Sumando todas las irregularidades y ampliaciones de contrato, el fraude costó 887 millones 37 pesos al contribuyente mexicano.

OSCUROS DESPILFARROS

De la muestra de mil 526 millones de pesos destinados a las partidas de Servicios Generales Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras ayudas, que la ASF revisó a lo largo del año pasado, fueron desviados 420 millones de pesos. De nuevo, la Sedesol utilizó cinco universidades: dos del Estado de México, dos de Chiapas y una de Zacatecas.

Las universidades subcontrataron los servicios que les encargó la Sedesol por un precio mucho menor. La Universidad Intercultural del Estado de México pagó 61 millones 222 mil pesos a dos empresas para levantar los Cuestionarios Únicos de Información Socioeconómica en zonas rurales y semiurbanas, 49.3 por ciento del monto que le otorgó la Sedesol.

La Universidad Autónoma de Zacatecas contrató a dos proveedores por 90 millones 911 mil pesos, poco menos de la mitad de los 222 millones 720 mil pesos que obtuvo de la Sedesol.

La Universidad Politécnica de Chiapas recibió dos contratos de 200 millones de pesos cada uno, en los que la institución se comprometió a supervisar, monitorear y controlar los comedores comunitarios del Estado de México.

Subcontrató empresas por 278 millones 400 mil pesos, lo que implicó una pérdida de 121 millones de pesos para la Sedesol.

La Universidad Autónoma de Chiapas cobró 60 millones 952 mil pesos para coordinarse con la Sedesol en la operación de proyectos. Sus entregables resultaron de pésima calidad: información faltante, documentos con “tachaduras, borrones, enmendaduras y corrector en las fechas”, fechas que no corresponden o listas de asistencia sin fechas. Tampoco acreditó que realizó las 8 mil 400 acciones que se comprometió a efectuar.

De los mil 19 millones de pesos que la ASF auditó del Programa Seguro de Vida para Jefas de Familia se detectaron 55 millones 978 mil pesos erogados sin documentación justificativa y comprobatoria; y de los 593 millones 780 mil pesos del Programa de Opciones Productivas se desviaron 65 millones 904 mil pesos “alrededor de 10 por ciento”, sobre todo debido al mal uso de los recursos por parte de la delegación de la Sedesol en Chiapas.

ZONAS PRIORITARIAS... PARA LA CORRUPCIÓN

Los programas que la Sedesol aplicó en las zonas de atención prioritaria del país “los municipios en pobreza extrema” generaron desvíos millonarios por parte de las delegaciones en las entidades federativas.

De la compra e instalación de techos de lámina, parte del Programa Techos Fijos de la Sedesol, fueron desviados por lo menos 160 millones 635 mil pesos “17 por ciento del presupuesto del Programa”, de acuerdo con la auditoría 287-DS.

Un ejemplo: en Chiapas hubo 632 inconsistencias –por un costo de 33 millones 264 mil pesos– y un posible “uso indebido para fines electorales” de los techos en el Municipio de Ocozocoautla de Espinosa.

La Sedesol aseguró que mejoró 110 mil 562 viviendas, cifra que contradijo su propio padrón, en el que quedan registradas 83 mil 311 viviendas atendidas en enero de 2017. Aun así, en el padrón “se determinaron inconsistencias que (les) restan confiabilidad y veracidad”, subrayó la ASF.

En el caso de la instalación de 15 mil baños ecológicos en distintos municipios del país, la Sedesol gastó 580 millones de pesos, 240 millones 262 mil de los cuales fueron desviados.

Y en la instalación de 21 mil 292 sistemas de recolección de aguas pluviales, en los que la Sedesol pagó 580 millones de pesos, se desviaron 98 millones 117 mil pesos, en pagos indebidos.