La resolución coloca a la entidad a un paso de la despenalización, un tema que durante más de dos décadas ha generado debate político y social
Por: Brayam Chávez
Guanajuato se encuentra ante un momento clave en la discusión sobre derechos reproductivos. El Congreso del Estado tiene como fecha límite el próximo 15 de mayo para atender una orden directa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que declaró inconstitucionales varios artículos del Código Penal local que aún criminalizan el aborto.
La resolución coloca a la entidad a un paso de la despenalización, un tema que durante más de dos décadas ha generado debate político, social y jurídico en el estado.
LA ORDEN DE LA SUPREMA CORTE Y SU CARÁCTER OBLIGATORIO
La SCJN emitió la Declaratoria General de Inconstitucionalidad 16/2025, mediante la cual invalidó los artículos 159, 160, 162 y 163 del Código Penal de Guanajuato, al considerar que vulneran derechos fundamentales de las mujeres y personas gestantes.
Con esta declaratoria, el Congreso local queda legalmente vinculado a realizar las reformas necesarias para que dichas normas dejen de surtir efectos. La instrucción no es opcional: si los legisladores no actúan dentro del plazo establecido, la despenalización podría aplicarse directamente por la vía judicial, sin una reforma integral construida desde el Poder Legislativo.
LOS ARTÍCULOS DEL CÓDIGO PENAL QUE SERÍAN DEROGADOS
Entre las disposiciones que aún se encuentran vigentes destaca el artículo 160, el cual establece penas de prisión para quien practique un aborto con el consentimiento de la mujer. A este se suman otros artículos que contemplan sanciones y supuestos penales relacionados con la interrupción del embarazo.
La exigencia central de la Corte es clara: eliminar estas disposiciones para evitar que las mujeres enfrenten consecuencias legales por decidir sobre su propio cuerpo.
LA POSTURA DEL PAN ANTE LA RESOLUCIÓN JUDICIAL
El Partido Acción Nacional, fuerza política mayoritaria en el Congreso local y que históricamente ha rechazado la despenalización del aborto, reconoció que acatará lo que determine la SCJN, aunque mantiene su postura ideológica de defensa de la vida desde la concepción.
El coordinador del grupo parlamentario, Jorge Espadas, señaló que analizarán la resolución, pero afirmó que la postura del partido sigue siendo la misma: proteger la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Aseguró, además, que buscan evitar casos en los que una mujer sea obligada a abortar mediante presión, amenazas o violencia de terceros.
LIBERTAD DE VOTO ENTRE LAS Y LOS LEGISLADORES
Dentro del propio PAN, algunas voces han subrayado que existe libertad de voto. La diputada Jared González Márquez explicó que, aunque la SCJN orienta y vincula jurídicamente al Congreso, no impone el sentido del voto a los legisladores.
Reiteró que cada diputada y diputado ejercerá su derecho parlamentario conforme a sus convicciones personales y políticas, aun dentro del marco de la resolución judicial.
LA IMPORTANCIA DE LEGISLAR Y NO DEJAR VACÍOS LEGALES
Desde la Comisión de Justicia, la diputada Susana Bermúdez Cano advirtió que atender la resolución únicamente por la vía judicial podría generar vacíos legales importantes. Señaló que es necesario construir una reforma normativa que preserve la investigación y sanción en casos donde el aborto sea producto de coacción, amenazas o violencia sexual.
De no legislar, explicó, podrían desaparecer herramientas legales clave para proteger a las mujeres frente a abusos de terceros.
MÁS DE 20 AÑOS DE LUCHA DESDE LA SOCIEDAD CIVIL
Para colectivos feministas y organizaciones de la sociedad civil, el escenario actual es resultado de más de dos décadas de trabajo constante. Verónica Cruz Sánchez, fundadora de la organización Las Libres, recordó que desde el año 2000 se ha avanzado en la despenalización social del aborto en Guanajuato, aunque no al ritmo que marcaban los criterios de la SCJN desde 2021.
Señaló que, pese a la estigmatización persistente, muchas mujeres ya acceden a la interrupción del embarazo a través de redes de acompañamiento, y subrayó que el reto ahora es que el Congreso cumpla con su responsabilidad legislativa.
ABORTO, VIOLACIÓN Y VIOLENCIA SEXUAL
Colectivos como la Red de Acompañantas León aclararon que su labor no busca promover el aborto, sino informar y acompañar a las mujeres en el ejercicio de sus derechos. Desde 2017, recordaron, en casos de violación aplica la Norma Oficial Mexicana 046, que permite la interrupción legal del embarazo cuando existe violencia sexual.
Las activistas enfatizaron que permitir el acceso al aborto no significa impunidad para los agresores, y reiteraron su postura a favor de que los delitos sexuales sean investigados y castigados.
UN ESCENARIO DECISIVO PARA GUANAJUATO
Actualmente, Guanajuato forma parte del grupo de ocho estados que aún no han legislado la despenalización del aborto. El plazo impuesto por la Suprema Corte abre una ventana histórica que podría cambiar el marco legal y social del estado en materia de derechos reproductivos.
Lo que ocurra antes del 15 de mayo marcará no solo el rumbo jurídico de Guanajuato, sino también el mensaje que envíe a miles de mujeres que, desde hace años, exigen que su decisión deje de ser tratada como un delito.