Por: Eduardo Sánchez
Buscan resolver el problema del gasoducto, como anunció AMLO sobre el cambio de rumbo
Michel Inzunza
Por ser de Sonora, será Alfonso Durazo Montaño quien funja como interlocutor entre los yaquis de Loma de Bácum y el Gobierno Federal en cuanto al conflicto del gasoducto, informó Rodrigo González Enríquez.
Después de más de cuatro años, el Gobierno Federal a través del subsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta, reanudó el diálogo en torno al megaproyecto, dijo el asesor técnico de la tribu.
Pero al no tener éxito el funcionario fue sustituido por una mujer, que renunció al cargo hace un mes y medio y fue entonces cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador le pidió al secretario de Seguridad Pública tomar el caso en sus manos, informó el académico.
“Durazo me habló hace una semana, me informó de su nueva comisión y mi compromiso será presentar un informe técnico del gasoducto, así como informar quiénes deben participar en la negociación y quiénes no”, expresó González Enríquez.
CONTRATOS LEONINOS
Como asesor técnico, dijo, ve con buenos ojos que el presidente López Obrador busque pactar el cambio del trazo del gasoducto Guaymas-El Oro.
Lo que se debe garantizar es que la tubería esté lo más alejada de la población, indicó, y como asesor técnico será garante de que el trazo que se corrija no sea un riesgo para la población.
Desde el comienzo, la obra planteó un trazo por fuera del territorio yaqui y que el ducto pasara por atrás del Cerro del Bacatete, sin afectar a Loma de Bácum.
Con Ricardo Peralta la propuesta de los yaquis de Loma de Bácum es que el trazo no pasara por su territorio, sino por los ejidos Bácum y Mora Villalobos, pero la empresa desistió, indicó.
De acuerdo a estudios técnicos, hay más de 10 mil yaquis que están en la proximidad del gasoducto y el área de más peligro es desde las Guásimas hasta Estación Corral, agregó.
Resaltó la importancia que tiene el que el titular del Ejecutivo se haya pronunciado en contra de los contratos leoninos, como el que hizo la empresa Infraestructura Energética Nova (IEnova) con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y que afectó a esta última.
Si se afectó a CFE, que cuenta con grandes abogados y economistas, qué se puede esperar de los pueblos yaquis, a quienes se les hizo el mismo contrato leonino y que en el caso de Loma de Bácum se pretendió pagar 5 centavos por metro cuadrado, es decir 500 pesos por hectárea.
El contrato estipulaba pagar en dos emisiones, una parte al firmar y el resto al terminar la obra, dijo, y esos convenios fueron hechos por dos ex funcionarios federales, uno de apellido Téllez y otro Ruiz Sacristán, quienes sabían muy bien cómo proceder para que la empresa no perdiera.
Resaltó que Loma de Bácum no fue el único pueblo que interpuso una demanda en contra el gasoducto, pues Vícam Pueblo también interpuso un litigio, pero ante un tribunal agrario.
El Plan de Justicia Yaqui también contempla darle una solución al gasoducto, dijo, pero primero están los temas de territorio y agua, además es importante recordar que el pueblo de Loma de Bácum quiere la liberación de Fidencio Aldama quien se encuentra preso en el Cereso local por defender su territorio, expresó.