Sus altos cobros generan inflación y frenan el turismo y desarrollo de Navojoa, señalan diversos sectores
Por: Raúl Armenta Rincón
Aunque no con la misma fuerza de otros años, a últimas fechas se ha retomado el movimiento contra las casetas de peaje, especialmente las del sur de Sonora.
Representantes de diversas asociaciones civiles, organismos empresariales y sectores productivos no han quitado el dedo del renglón en el reclamo de los altos cobros, constantes aumentos en las tarifas y violación al derecho de libre tránsito.
Como parte de esa demanda, algunas agrupaciones sociales anunciaron que tomarán próximamente la caseta de La Jaula, una de las dos que Caminos y Puentes Federales (Capufe) opera en Navojoa.
La historia de la carretera de Cuatro Carriles y sus plazas de cobro se remonta a fines de la década de los ochenta, cuando el entonces gobernador Rodolfo Félix Valdés canalizó el dinero presupuestado de todos los municipios para construir dos carriles y de esta forma contar con una carretera de cuatro.
Es decir, son dos rúas de dos carriles cada una, lo que desconocen las nuevas generaciones de sonorenses, que creen que tienen una autopista bien planeada y construida con todas las medidas de seguridad.
Sin embargo, desde que fue ampliada de dos a cuatro carriles, dicha vía de comunicación se ha caracterizado no solamente por la opacidad y malos manejos, sino por muy graves deficiencias técnicas en proyecto y ejecución, las cuales han incidido en muchos accidentes.
Tras la inauguración de la carretera, al poco tiempo se instalaron las casetas, lo que provocó una gran inconformidad ciudadana y muchas acciones de protesta a lo largo de los años.
Así ha sido porque se sigue desconociendo el destino de los millonarios recursos captados y, además, por las malas condiciones de una rúa que nunca ha estado al nivel del primer mundo, como fue prometida a los usuarios.
EXIGEN “CHIP” PREFERENCIAL
El presidente de la Oficina de Convenciones y Visitantes (OCV) de Navojoa, Martín Soria Rivera, dijo que debería implementarse un “Chip” preferencial para todos los sonorenses con sólo demostrar su residencia, en un programa que no tenga trabas burocráticas.
Con ello, resaltó, aumentaría la movilidad e intercambio comercial, además de que habría una mayor afluencia turística.
Consideró también que los cobros carreteros deberían ser menores y acordes a la situación económica prevaleciente.
“Lo cierto es que las casetas de peaje han entorpecido exponencialmente el flujo de gente a Navojoa, el único Municipio de Sonora que tiene dos”, dijo.
“No es justo que se tenga que pagar mucho dinero para trasladarse por los cuatro carriles, lo que desalienta a muchos visitantes, quienes, si contarán con un “Chip”, podrían invertir ese dinero en su paseo y no en las casetas”, agregó.
Asimismo, Soria Rivera puso como ejemplo a habitantes de los Ejidos del Sur, quienes, para trasladarse a Ciudad Obregón, pagan 200 pesos de ida y 200 de vuelta, por lo que no resulta conveniente para la gente de ese lugar una salida de negocios.
“La OCV siempre se ha pronunciado por la aplicación de un esquema de libre tránsito para los navojoenses y sonorenses en general; el Gobierno debe atender esta demanda, a partir de su obligación de generar acciones, en lo que le compete, para aumentar y fortalecer el desarrollo de la actividad turística y económica, no para ponerle frenos u obstáculos”, manifestó.
GOLPEA PEAJE A LA INDUSTRIA
Uno de los sectores más reclamantes en este tema es el industrial, que en muchas ocasiones ha urgido a las autoridades que aborden en forma integral el problema de las carreteras concesionadas y sus casetas, cuyos altos costos de peaje han sido una carga financiera para las empresas, afectando su competitividad.
José María Quintana Álvarez, presidente de la Canacintra local, dijo que se requiere una revisión de los cobros, ya que las empresas, especialmente las pequeñas y medianas, se ven obligadas a destinar una parte considerable de sus ingresos al pago de peajes.
“Lógicamente esto disminuye sus márgenes de ganancia y dificulta la inversión en otros aspectos claves del negocio", indicó.
“Necesitamos la búsqueda de soluciones efectivas para garantizar la sostenibilidad y el crecimiento de las industrias, que son muy importantes en el crecimiento, desarrollo y progreso de esta región, Estado y país”, añadió.
Mencionó que otro problema son los constantes asaltos y otros actos delictivos que afectan la seguridad de los trabajadores, interrumpen las cadenas de suministro y aumentan la incertidumbre en el transporte de mercancías, además de las pérdidas financieras.
BURLAS DE CAPUFE
Jesús Román Zamorano, dirigente local de El Poder del Pueblo de Sonora y activista contra las casetas, dijo que la lucha debe seguir, a pesar de los actos de represión e intimidación de policías federales y estatales.
Afirmó que los elevados cobros terminan por afectar a todo el pueblo, “se pase o no se pase por las casetas, ya que tienen efectos inflacionarios y derivan en aumentos en los distintos productos y servicios”.
“Hay que protestar por los asaltos en despoblado que representan las casetas de pillaje; también debemos luchar por la eliminación de la de Fundición, que debió desaparecer desde el 2011 por un decreto presidencial, pero Capufe, fiel a sus burlas, se lo pasó por el Arco del Triunfo”, señaló.
“Además de que los usuarios pagan peajes muy caros, la carretera está en malas condiciones, insegura y, en la mayoría de los casos, sin servicio médico o de grúa ante un accidente o problemas mecánicos”, agregó.
Román Zamorano criticó también que el Gobierno, en lugar de atender este problema, castiga con cárcel a quienes se atrevan a protestar en dicha vía de comunicación.
“Por si fuera poco, Capufe sigue incumpliendo el acuerdo del programa de residentes y el de las obras y beneficios a los que se comprometió hace muchos años por la instalación de las dos casetas que nos tienen encerrados”, externó.
Durante más de tres décadas, diversas organizaciones han realizado muchas manifestaciones de protesta. Una de las más recordadas fue la que encabezó Federico Lagarda Ibarra, dirigente de la Unión de Usuarios Independientes (UUI) de Navojoa, el 28 de marzo de 1996, en demanda de la desaparición de la caseta de Fundición
Policías estatales lanzaron gases lacrimógenos y golpearon a Lagarda Ibarra, pero los manifestantes tomaron esa plaza de cobro y días después logrando una tarifa preferencial para todos los residentes de Navojoa.