La propuesta busca castigar penalmente a quienes retengan, utilicen, cobren o administren sin autorización el apoyo
Por: César Leyva
Con el objetivo de proteger la dignidad, la autonomía económica y los derechos humanos de las personas adultas mayores, la legisladora Alejandra López Noriega presentó una iniciativa de reforma al Código Penal para tipificar y sancionar el uso indebido de las tarjetas del Bienestar en Sonora.
La propuesta busca castigar penalmente a quienes retengan, utilicen, cobren o administren sin autorización la pensión de adultos mayores, una práctica que constituye violencia patrimonial y que afecta principalmente a personas en condiciones de vulnerabilidad, dependencia o abandono.
PENAS DE TRES A OCHO AÑOS DE CÁRCEL
De acuerdo con la iniciativa, las sanciones contemplan penas de tres a ocho años de prisión, multas económicas y la reparación integral del daño. Además, se prevén agravantes cuando el responsable sea un familiar, cuidador, tutor o servidor público, o cuando exista aprovechamiento de una condición de enfermedad, discapacidad o dependencia de la persona adulta mayor.
López Noriega explicó que la reforma incorpora una perspectiva de género y un enfoque de envejecimiento digno, al reconocer que las mujeres adultas mayores son quienes con mayor frecuencia enfrentan este tipo de abusos, debido a desigualdades económicas históricas y a la normalización del control sobre sus recursos.
"La pensión no es un regalo, es un derecho ganado con toda una vida de trabajo. Nadie tiene derecho a apropiarse de ese recurso. Usar la tarjeta del Bienestar sin permiso es un abuso y debe castigarse", afirmó la legisladora.
CERO TOLERANCIA A VIOLENCIA ECONÓMICA
Con esta iniciativa, se busca enviar un mensaje claro de cero tolerancia a la violencia económica contra las personas adultas mayores. La propuesta reafirma que en Sonora la vejez se respeta, el patrimonio de quienes reciben la pensión del Bienestar se protege y cualquier forma de abuso financiero será sancionada conforme a la ley.
La reforma representa un paso importante para fortalecer la protección legal de uno de los sectores más vulnerables de la población y garantizar que los apoyos sociales cumplan su objetivo: mejorar la calidad de vida de las personas adultas mayores.