Ley Minera. En Álamos, Sonora, realizan parlamento abierto

Abordan en foro problemas ambientales y potencial de la industria minera

Por: Raúl Armenta Rincón

Con la Reforma a la Ley de Minería, se espera acabar con los problemas de contaminación y, en general, mejorar las condiciones de este sector económico, coincidieron los participantes de un foro realizado en Álamos.

En el evento denominado Parlamento Abierto: “Perspectiva y Prospectiva de la Minería en Sonora”, promovido por el diputado Próspero Valenzuela Muñer, presidente de la Comisión de Minería, hubo diversas exposiciones como las relativas a las denuncias por mal manejo ambiental de las minas de Álamos, que han derivado también en afectaciones a la salud de muchas personas.

Manuel de Jesús Lugo Mendoza, presidente de la Federación Mexicana de Mineros, aseguró que existen altos índices de leucemia en el sur de Sonora, como consecuencia de las prácticas ambientales, lo que amerita la atención rápida y responsable de las autoridades para disminuir ese grave problema.

En tanto, el ejidatario Servando Soto Hernández, pidió ser tomados en cuenta  porque son los que menos reciben apoyo, ya que  los dueños de las minas imponen el monto de lo que recibirán por sus predios.

Por su parte, el Presidente Municipal de Álamos, Víctor Manuel Balderrama Cárdenas, al inaugurar el evento, destacó  que la actividad minera representa una gran vocación desde la fundación de ese municipio,  y se busca que genere más beneficios para la población.

El diputado Próspero Valenzuela, resaltó  durante el evento, aspectos relevantes de la iniciativa presentada por el titular del Poder Ejecutivo Federal ante el Congreso de la Unión, en materia de concesiones para minería y agua.

Expuso que la iniciativa minera, establece regularizar el otorgamiento de concesiones mediante concurso público; los requisitos de los concursos para adquirir una concesión, serán el impulso para la economía del Estado y controlar las contaminaciones del aire, agua, suelo y subsuelo.

Se plantea también regular las concesiones, disminuyendo de 50 a 15 años el período para explotación, abundó, con derecho a prórroga por una sola ocasión si cumple con los controles y reglamentos respectivos; además, de cancelar todas aquellas concesiones a quienes causen daños o riesgos al equilibrio ecológico, o no cuenten con los permisos de las distintas autoridades.

Abundó que de igual manera se establece tipificar como delito, la extracción de minerales o sustancias, de enajenación o tráfico de minerales o derivados metalúrgicos no concesionados; el menoscabo a la seguridad física de los trabajadores por omisión a las disposiciones a la Ley Minera y sus reglamentos, así como el traslado ilegal fuera del territorio nacional de productos mineros o metalúrgicos, entre otros aspectos.

A nombre y en representación del presidente de la Comisión Especial de Seguimiento a la Explotación de Litio en Sonora, el diputado Luis Arturo Robles Higuera, señaló que en el marco legislativo local, observarán cómo realizar las adecuaciones necesarias en beneficio de la población y su desarrollo.

Leonardo Taylor Padilla, director general de Minería de la Secretaría de Economía de Sonora, dio a conocer el geo social de la minería en la entidad, y detalló aspectos relacionados con infraestructura física y de comunicación; la distribución de empleos; el Producto Interno Bruto Estatal, además de los volúmenes de producción y participación; distribución y uso de recursos naturales; definición de regiones, zonas y distritos mineros; volúmenes de producción de minerales; inversión; creación de empleos y planes de reactivación de minas pequeñas, entre otros aspectos relacionados a favor del sector productivo.

Durante el foro, ciudadanos reiteraron la petición de que se considere a los ejidatarios para los proyectos de extracción de yacimientos; mejorar las condiciones del sector minero; impulsar un acuerdo que contenga un exhorto al Congreso de la Unión para que se incluya en las reformas las reglamentaciones internacionales en la materia.

Aunado, a que se generen estrategias y políticas públicas de beneficio a los pequeños empresarios del sector minero, no sólo en los municipios en los que se realiza la actividad minera mayormente; así como de manera sostenible, sustentable y social.