Podrían cientos de empresas perder el registro
Por: Francisco Angulo
De acuerdo con el compromiso establecido con el secretario del Trabajo en Sonora, David Fernando Soto Alday, su oficina entregó una lista de empresas de seguridad privada que tienen reiteradas quejas y denuncias en las Juntas y Centros de Conciliación Laboral, y gran parte de ellas podrían incluso llegar a perder su registro. Esto en concordancia con la Ley 196 de Seguridad Privada para el Estado de Sonora, indicó Claudio Huidobro Cárdenas.
El secretario general del Sindicato de Trabajadores en General, Guardias de Seguridad, Veladores, Vigilantes, Similares y Conexos del Estado de Sonora-CTM dijo que dicha lista, con más de 300 empresas que tienen denuncias reiteradas ante la autoridad laboral, fue ya enviada a la Secretaría de Seguridad Pública estatal. Aunque algo que resulta curioso es que esta última dependencia únicamente tiene registradas a 170 empresas de dicho giro.
Entre estas, destacan algunas con más de 50 denuncias de trabajadores, y las hay también con más de 100, mencionó. Señaló que, dada la información obtenida de una fuente oficial, la Secretaría de Seguridad no tendría ningún motivo para no cancelar el permiso para operar a estas empresas, sobre todo las que tienen más de 50 demandas.
Aunque, reiteró, realmente todas las empresas de Seguridad Privada violan la ley, porque todas hacen trabajar a los empleados más de ocho horas diarias, y ninguna los tiene registrados por lo menos con el salario mínimo profesional de velador, que es lo más cercano a su labor.
Muchas de ellas tampoco los tienen dados de alta en el IMSS y por ello no aparecen en el Infonavit ni en Afores; además de no pagarles tiempo extra y días festivos; les prohíben sentarse, no les tienen agua, sanitarios ni sombra, no les dan tiempo ni un lugar digno para alimentarse, expuso.
Tampoco les dan la capacitación y certificación en estándares de competencia del Programa Conocer, que tienen obligación de brindarles. Además, no los tienen registrados en el Simapro (Sistema Integral de Medición y Avance de la Productividad), estableció Huidobro Cárdenas.
Después de haber enviado a la Secretaría del Trabajo esta información a la Secretaría de Seguridad Pública, deberán esperar un tiempo razonable de 15 a 20 días para que esta, a su vez, les responda cuántas empresas les canceló el registro. De no haber respuesta, la misma información será enviada al Congreso del Estado, haciéndole ver que ya se envió esto a la dependencia y no han hecho su parte.
Finalmente, dijo que es facultad de la Secretaría del Trabajo, a petición de parte de los demandantes, realizar inspecciones en el lugar donde se presta el servicio, lo que generalmente no hace. La ley dice que deben ir al lugar donde el trabajador está laborando, para constatar las condiciones.