Esto es para la apertura y operación de la clínica veterinaria "Bienestar Animal"
Por: Leova Peralta
La Coalición Animalista de Sonora, mantiene su postura de exigir al Gobierno del Estado la apertura de la clínica veterinaria Bienestar Animal, ubicada dentro del área del Parque Urbano la Sauceda, tal como se había hecho el compromiso, por lo cual, nuevamente tomaron acción con la entrega de su solicitud por escrito dirigida al gobernador Alfonso Durazo Montaño, informó Ana Carolina Araiza Sánchez, representante de la coalición.
A través de dicho documento, se le pide al mandatario que intervenga de manera directa instruyendo a la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora (Cedes) la apertura inmediata y entrada en operación la clínica conforme a los fines para los que fue creada, y la cual ya fue rehabilitada, semiequipada y financiada con recursos públicos, y lista para actividades desde finales del 2024.
Araiza Sánchez, destacó que su apertura constituye un avance sustantivo para la atención veterinaria gratuita, la prevención de zoonosis y la implementación del Programa de Equilibrio Poblacional, pero que pese a ser una obra concluida, la clínica permanece cerrada, situación que contraviene el principio de eficiencia del gasto público y priva a la ciudadanía y a los animales de un servicio ya financiado con recursos de los sonorenses.
Entre lo solicitado se encuentra la expedición del reglamento en cumplimiento del Artículo 11, que se permita la participación de quienes han desarrollado técnica y operativamente las políticas públicas en la materia, a fin de garantizar un documento sólido, científico y acorde a estándares nacionales e internacionales y que se giren instrucciones para que las dependencias involucradas armonicen sus reglamentos internos a lo mandatado por la nueva Ley, en atención al principio de jerarquía normativa.
Respecto a la regulación reglamentaria, la coalición señaló que es indispensable para definir procedimientos claros de inspección, verificación y sanciones, establecer las directrices técnicas para la operación de programas, armonizar las atribuciones de las dependencias con la misma ley y las reformas constitucionales en materia de bienestar animal, así como evitar la discrecionalidad y asegurar la correcta implementación de la política pública.