Pese a las protestas de trabajadores del Poder Judicial, la Cámara de Diputados avaló el dictamen que extingue 13 fideicomisos
Por: Sebastián Moreno
Todo el personal de los juzgados de distrito en Hermosillo inició esta mañana de jueves un paro de labores por el recorte presupuestal y la cancelación de fideicomisos que trae en proceso el gobierno federal.
La protesta fue convocada desde a nivel nacional tras la aprobación por parte de la Cámara de Diputados de la desaparición de 13 fideicomisos que representan alrededor de 15 mil millones de pesos.
La minuta de la votación se realizó este pasado 17 de octubre con 259 sufragios a favor de la bancada del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), y los partidos del Trabajo y Verde Ecologista, y 205 en contra, del Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC).
Rafael Alejandro Flores Nájera expresó que el paro de labores realizado en protesta contra la intención del gobierno federal de eliminar fideicomisos que benefician a miles de trabajadores del Poder Judicial Federal, no afecta los trámites urgentes.
El Secretario Proyectista y posible afectado de la medida aprobada este pasado martes por la Cámara de Diputados, es parte de alrededor de 500 trabajadores de diferentes niveles que realizan su labor en la impartición de justicia.
En el caso de los asuntos que tienen diligencias agendadas o términos por vencer en estos días de paro laboral, explicó que se aplicará una prórroga con el compromiso de que sacarán todo el rezago que se acumule estos días.
A NIVEL NACIONAL
El paro nacional del Poder Judicial inició oficialmente este jueves y terminará el próximo martes 24, tiempo en que todas las instalaciones estarán con presencia de grupos de empleados.
“Si por ejemplo una persona tiene 15 días para promover un amparo, todos estos días de paro se amplían en su término, de ninguna manera se afectará al ciudadano”, apuntó.
Flores Nájera puntualizó que a lo que sí se le está dando curso, estableció, es a los asuntos urgentes como cateos, órdenes de aprehensión y autos de libertad.
NO SON PRIVILEGIOS
El secretario proyectista rechazó a nombre de sus compañeras y compañeros, que sea una protesta injustificada o por “perder privilegios” la que realizan como lo ha señalado el Presidente, pues uno de los beneficios que perderán en caso de que proceda la iniciativa, es una módica ayuda de 2 mil pesos para lentes para el trabajador.
“Leemos cientos, miles de documentos en la revisión de los expedientes, es obvio que a mediano plazo eso nos afecta la vista y el apoyo para lentes ahora resulta que es un privilegio cuando la realidad es que es una afectación en la salud por el tipo de trabajo que desarrollamos”, abundó.
Tanto en Hermosillo como en Cajeme, dijo, ya se requiere de un juzgado federal más, por la carga de trabajo que llega y que debe resolverse en términos muy precisos como lo marca la ley.
Indicó que sus funciones son de servicio a la sociedad porque resuelven demandas donde va de por medio la seguridad, los derechos del ciudadano y todas las inconformidades que dentro del marco legal la gente tiene derecho a inconformarse.
“No estamos de adorno, trabajamos para el pueblo, le hacemos un llamado a los legisladores federales de Sonora y a los senadores en la Cámara Alta para que escuchen nuestra voz, para que sepan lo que nosotros hacemos, para que entiendan que Sonora necesita más juzgados.
“En Ciudad Obregón necesitan otro juzgado de distrito en Hermosillo, necesitamos otro juzgdo de distrito, necesitamos otro tribunal colegiado, hay demasiados juicios de amparo, hay demasiados asuntos por resolver”, indicó.
Ante esa situación, justificó que se requiere de un presupuesto suficiente para cubrir las necesidades de empleados y de todo lo que implica un juicio y aclaró que no son acarreados ni manipulados por nadie.
“Somos abogados, no nos están mandando los jueces, no nos están mandando los magistrados, no nos están mandando los ministros, somos la base trabajadora del Poder Judicial”, reiteró.
Destacó la necesidad de que la sociedad sepa de que ellos protegen a los pensionados, a los trabajadores, a la madre que no le quieren dar pensión para sus hijos, al padre que no lo quieren dejar ver a sus hijos, al que fue multado indebidamente.
“Somos la herramienta jurídica contra actos de autoridades de todos, perdón de todos los niveles de gobierno”, expuso.
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