Por: Redacción
“A un año del homicidio de Efraín “N”., en las celdas de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), el caso sigue en total impunidad, ya que la persona causante de la riña fue liberada por el Ministerio Público y los funcionarios de la actual administración y jueces calificadores implicados, siguen como si nada hubiera pasado”, manifestó Rosendo Arrayales Terán.Por: Mireya Delgado
El regidor, quien en diversas ocasiones ha llevado este caso al pleno del Cabildo de Cajeme y a la Comisión Anticorrupción y Transparencia del Ayuntamiento, expuso que a doce meses de los hechos, el alcalde Sergio Pablo Mariscal Alvarado ha mostrado un total desinterés en el tema.
“La prueba es que los funcionarios implicados, Francisco Cano Castro, el coordinador de jueces calificadores, la juez calificadora, el secretario del Ayuntamiento, Ascensión López Durán, y el contralor, José Leovigildo Guerra Beltrán, siguen como si nada hubiera pasado”, recalcó.
Recordó que la noche del 4 de junio del 2019, Efraín “N”. fue detenido y llevado a las celdas ubicadas en la calle 300, lugar en el que después de una riña, falleció al no recibir la atención médica de manera oportuna por parte del oficial que se encontraba custodiando y el juez en funciones.
El regidor del Partido del Trabajo señaló que en el caso hay una cadena de omisiones y de impunidad, donde funcionarios como Ascensión López Durán fue responsable de la contratación indebida de jueces calificadores que no cumplían con los requisitos de ley y porque después de los hechos no destituyó al juez en funciones, lo único que hizo fue cambiarlo.
También destacó la responsabilidad de otros funcionarios como e ldirector de Seguridad Pública, Francisco Cano Castro, quien no fue removido por el caso, y el contralor municipal, José Leovigildo Guerra, que no actuó dentro de los primeros 30 días como lo dispone el artículo 104 Fracción Segunda de la Ley Estatal de Responsabilidades, sino hasta después de 2 meses con 14 días, lo que lo involucra en el delito de obstrucción a la justicia.
Cabe señalar que el 30 de agosto del mismo año, la Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió la recomendación 22/2019 dirigida al alcalde Sergio Pablo Mariscal Alvarado en la que solicita girar instrucciones para iniciar un procedimiento administrativo en contra del elemento de la Policía Municipal que custodiaba la celda, así como en contra los jueces calificadores, para que se determine su responsabilidad administrativa al haber violentado derechos fundamentales del hoy finado.