Veinte servidores públicos para buscar a miles de desaparecidos

Por: Eduardo Sánchez

Desde una precaria oficina en el piso quinto del edificio del Consejo Nacional de Población (Conapo), Karla Quintana Osuna, titular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), diserta sobre cuál de sus responsabilidades como coordinadora del Sistema Nacional de Búsqueda es más complicada y sobre cómo clasificar las prioridades y las emergencias.

Ese ejercicio es parte de su tarea “titánica” para indagar el paradero de los más de 40 mil desaparecidos, la funesta herencia de las administraciones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, primordialmente.

Esa lista debe incluir los casos de desaparición forzada abiertos por la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, que desde su extinción en 2006 ha estado a cargo de la Coordinación General de Investigaciones, provista de una unidad especializada que tiene “literalmente” una persona.

Designada el 9 de febrero por decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador luego de un proceso de consulta entre colectivos de familiares de víctimas, organizaciones civiles y académicos, Quintana Osuna tiene más de medio centenar de atribuciones y obligaciones fijadas en la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda.

Tras la reciente aprobación de su estructura, Quintana asume que para cumplir con su encomienda es necesaria la colaboración del Estado, por lo que se fijó como meta al menos seis meses con el propósito de sentar las bases para que “el engranaje funcione”.

Por lo pronto, en cuanto a los compromisos asumidos por López Obrador ante los familiares de los desaparecidos que asistieron a la reinstalación del Sistema Nacional de Búsqueda (SNB), Quintana está emplazada a superar la emergencia forense que tiene 26 mil cuerpos y decenas de miles de restos óseos sin identificar, así como a urgir a por lo menos 18 estados para que consoliden sus comisiones locales de búsqueda.