Tren Interoceánico: detenidos podrían enfrentar hasta 20 años de prisión

Los procesados enfrentan cargos por los delitos de homicidio culposo y lesiones culposas

Por: César Leyva

Los imputados por el descarrilamiento del Tren Interoceánico ocurrido en Oaxaca podrían enfrentar penas de hasta 20 años de prisión, en caso de ser hallados culpables por un juez federal.

El accidente dejó un saldo de 14 pasajeros fallecidos y cerca de un centenar de personas lesionadas, lo que derivó en una investigación a cargo de la Fiscalía General de la República (FGR).

Los procesados son Felipe de Jesús Díaz Gómez, identificado como conductor del tren, y Ricardo Mendoza Cerón, jefe de despachadores de la locomotora FIT3027.

Ambos enfrentan cargos por los delitos de homicidio culposo y lesiones culposas. Un tercer implicado, Emilio Erasmo Canteros Méndez, maquinista del tren, se encuentra prófugo y no ha sido localizado por la Policía Federal Ministerial.

SERÁN RECLUIDOS EN EL CERSS

La jueza de control Diana Isabel Ivens Cruz, adscrita al Centro de Justicia Penal Federal del Estado de Chiapas con residencia en Cintalapa, dictó prisión preventiva contra los dos detenidos, quienes deberán permanecer recluidos en el Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciados (CERSS) número 14, conocido como "El Amate".

De acuerdo con la orden de aprehensión solicitada por la FGR, los imputados podrían recibir una pena de entre 5 y 20 años de cárcel por homicidio culposo, además de la destitución del cargo e inhabilitación para desempeñar funciones similares.

A ello se suma una posible condena adicional de 3 a 6 años de prisión por el delito de lesiones culposas.

ESTAS SON LAS OMISIONES DE LAS QUE SE LES ACUSA

La investigación federal señala que los involucrados no activaron la válvula de freno de emergencia pese al exceso de velocidad con el que era conducido el tren. Asimismo, se estableció que Felipe de Jesús Díaz Gómez y Emilio Erasmo Canteros Méndez no contaban con licencia federal ferroviaria vigente al momento del accidente.

La FGR también documentó que Ricardo Mendoza Cerón, en su calidad de jefe de despachadores, tenía la obligación de actuar ante una situación de riesgo, lo cual presuntamente no ocurrió. Estas omisiones forman parte de los elementos clave que sustentan la imputación en este caso.