La decisión surge tras una denuncia por posible incumplimiento de sentencia, relacionada con el reconocimiento legal de la identidad de género
Por: Brayam Chávez
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) encendió nuevamente el debate sobre los derechos de identidad de niñas, niños y adolescentes, al ordenar una revisión de fondo sobre las acciones del Congreso de Jalisco, luego de que se rechazara una iniciativa alineada con criterios ya establecidos por el máximo tribunal.
La decisión surge tras una denuncia por posible incumplimiento de sentencia, relacionada con el reconocimiento legal de la identidad de género en personas menores de edad.
JALISCO BAJO LA LUPA POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO DE SENTENCIA
El Pleno de la SCJN determinó que el juzgado encargado de analizar la denuncia debe entrar al fondo del asunto y definir si las autoridades locales desacataron una resolución previa de la propia Corte.
Dicha sentencia eliminó el requisito de mayoría de edad para acceder a la rectificación de actas de nacimiento por razones de identidad de género, al considerar que esta condición vulnera derechos humanos fundamentales.
El análisis deriva del Recurso de Inconformidad 11/2025, previsto en la Ley de Amparo, y se encuentra vinculado a una Declaratoria General de Inconstitucionalidad. Para la Corte, es indispensable verificar si el Poder Legislativo de Jalisco actuó conforme al mandato constitucional o incurrió en omisiones.
LA SUPREMA CORTE REFUERZA EL CARÁCTER OBLIGATORIO DE SUS FALLOS
Con esta resolución, la SCJN reiteró que sus sentencias son obligatorias para todas las autoridades del país y que no pueden quedar sujetas a criterios políticos o decisiones legislativas locales.
El tribunal recordó que el derecho a la identidad es un derecho humano fundamental que también corresponde a niñas, niños y adolescentes, y que su ejercicio no puede condicionarse a la mayoría de edad. Además, subrayó que los derechos reconocidos en sentencias judiciales deben reflejarse en la práctica administrativa y legislativa.
EL RECHAZO DEL CONGRESO DE JALISCO
Pese a los criterios emitidos por la SCJN, el Congreso de Jalisco desechó una iniciativa presentada por legisladores de Morena que buscaba armonizar la legislación estatal con lo resuelto por el máximo tribunal.
La propuesta fue rechazada con 22 votos en contra, 11 a favor y una abstención, manteniendo vigente la restricción que limita los cambios legales de identidad sexo-genérica únicamente a personas mayores de edad.
Movimiento Ciudadano y la mayoría legislativa argumentaron que este tipo de modificaciones tienen implicaciones jurídicas de largo alcance y que deben realizarse cuando exista plena capacidad legal.
LA POSTURA DEL EJECUTIVO ESTATAL
El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, expresó públicamente su rechazo a permitir cambios legales de identidad sexo-genérica en menores de edad. Afirmó que el estado buscará mecanismos jurídicos para impedir su aplicación, incluso frente a posibles resoluciones de la SCJN.
Sus declaraciones intensificaron el debate público y jurídico sobre el alcance de las sentencias del máximo tribunal y la obligación de los estados de acatarlas.
LOS ARGUMENTOS EXPUESTOS EN EL CONGRESO LOCAL
Durante la discusión legislativa, quienes votaron en contra de la iniciativa señalaron varios puntos clave:
- La prioridad del interés superior de la niñez.
- La necesidad de limitar los cambios legales de identidad a la mayoría de edad.
- El riesgo de consecuencias jurídicas irreversibles en personas menores.
- La importancia de mantener el marco legal vigente en la entidad.
- La exigencia de mayor certeza jurídica en este tipo de decisiones.
UN DEBATE QUE SIGUE ABIERTO A NIVEL NACIONAL
El contraste entre lo resuelto por la Suprema Corte y la postura asumida por el Congreso y el Ejecutivo de Jalisco anticipa nuevos litigios y mantiene abierto un debate nacional sobre la obligatoriedad de las sentencias judiciales y el reconocimiento pleno del derecho a la identidad de las infancias en México.
La revisión ordenada por la SCJN podría sentar un precedente clave para definir hasta dónde pueden llegar los congresos locales frente a los criterios constitucionales del máximo tribunal.