Por: Eduardo Sánchez
El ministro Alberto Pérez Dayán admitió el viernes pasado la controversia del Inegi para impugnar tanto el tope salarial de 1.6 millones de pesos netos anuales para el presidente de la República, que en automático redujo las percepciones de sus más altos funcionarios, como la reducción de 500 millones de pesos en la petición presupuestal de dicho órgano.
“El artículo 127 de la Constitución ordena que ningún servidor público podrá recibir remuneración mayor a la establecida para el presidente de la República en el presupuesto correspondiente, esto es, de suspender las reglas del Presupuesto de Egresos cuestionado, se traduciría en no respetar lo expresamente señalado por la Constitución”, afirmó.
En su demanda, el Inegi calificó de “abrupta e injustificada” la baja de salarios, y acusó que la reducción de 4 por ciento en el presupuesto solicitado se aplicó “vulnerando la más esencial garantía de audiencia”.
En el tema de los seguros, el Inegi era parte de las pólizas colectivas contratadas por la Secretaría de Hacienda, que el 9 de enero le informó que las dio por terminadas.