La dependencia federal está intensificando sus esfuerzos para combatir la evasión fiscal y la corrupción
Por: Luis Valenzuela
El Sistema de Administración Tributaria (SAT) ha intensificado su labor en la persecución de delitos fiscales, presentando un total de 4,127 denuncias penales ante la Fiscalía General de la República (FGR) entre los años 2020 y 2023.
Estas denuncias se han dirigido tanto contra personas físicas como morales, como parte de un esfuerzo por combatir la corrupción y garantizar el cumplimiento de las normas tributarias.
Dentro de este proceso, se ha logrado vincular a proceso a 824 individuos, de los cuales 45 son servidores públicos, 371 son personas físicas y 408 están vinculadas a personas morales.
Es importante mencionar que las acciones del SAT no se limitan solo a denuncias, sino que también se han aplicado sanciones a 33 servidores públicos, que van desde trabajos comunitarios hasta penas de prisión de hasta cuatro años, acompañadas de multas de hasta 46,216 pesos.
Los delitos que han llevado a estas acciones son diversos y van desde la falsificación de documentos hasta el acceso ilegal a sistemas informáticos, mostrando la amplitud de las prácticas ilegales que el SAT está combatiendo.
Entre los delitos más comunes se encuentran el manejo irregular del Registro Federal de Contribuyentes (RFC), la impresión ilegal de comprobantes y la falsificación de documentos en general, así como el ejercicio ilícito del servicio público y el acceso indebido a sistemas informáticos.
El año pasado, el SAT presentó penalmente a 942 contribuyentes, con un desglose de 396 personas físicas y 546 personas relacionadas con personas morales, de los cuales, 103 personas físicas y 108 personas morales están actualmente vinculadas a proceso; además, se han presentado 35 denuncias contra servidores públicos por presuntos delitos relacionados con el manejo irregular de información fiscal.
En el ámbito interno del SAT, se han atendido 1,376 denuncias, de las cuales 1,222 fueron consideradas procedentes para análisis y 121 han sido objeto de investigación. Estas denuncias internas abarcan una amplia gama de prácticas ilícitas, desde el acceso indebido a sistemas informáticos hasta el uso de documentos falsificados, destacando la importancia de la vigilancia y el control interno dentro de la institución.