El edil anunció un libre acceso, sin embargo, estas condiciones desataron gran polémica pues muchos turistas las han interpretado como restrictivas
Por: Marcela Islas
La reciente decisión del gobierno municipal de Tulum de prohibir el ingreso de alimentos, bebidas, hieleras y sombrillas a sus playas ha colocado a su presidente municipal, Diego Castañón Trejo, en el centro de una fuerte controversia que involucra a residentes, empresarios y turistas.
Bajo el programa "Acceso libre a playas", la administración de Castañón busca garantizar la gratuidad en la entrada a estos espacios públicos, pero con condiciones que muchos han interpretado como restrictivas.
¿QUIÉN ES DIEGO CASTAÑÓN?
Diego Castañón Trejo no es ajeno al ojo público. Antes de incursionar en la política, tuvo una breve trayectoria en el futbol profesional como parte del club Jaguares de Chiapas, aunque nunca llegó a debutar en la primera división.
Posteriormente, orientó su carrera hacia el servicio público, acumulando más de una década de experiencia en distintas áreas del gobierno local de Tulum.
Ha ocupado cargos como tesorero municipal, director de Promoción Turística, presidente del Comité Ejecutivo Municipal del PVEM en Quintana Roo, y director de Relaciones Públicas. En marzo de 2023 asumió oficialmente la presidencia municipal bajo el partido Morena, tras haber sido suplente del entonces alcalde.
Licenciado en Administración, Castañón se ha descrito como un promotor del deporte y del bienestar social, valores que ha intentado reflejar en su gestión. Está casado con Paulina Quiroga, presidenta del DIF Tulum, y es padre de dos hijas.
POLÉMICA EN LAS PLAYAS DE TULUM
La polémica por las restricciones en las playas no es el único frente que enfrenta. Recientemente, Castañón denunció que personal del Grupo Aeroportuario, Ferroviario, de Servicios Auxiliares y Conexos Olmeca-Maya-Mexica (Gafsacomm) bloqueó el acceso gratuito a la Playa del Jaguar, incumpliendo acuerdos previos con el municipio.
Según el gobierno municipal, las nuevas reglas pretenden mantener el orden, preservar el entorno y fomentar el consumo en los establecimientos locales autorizados.
Sin embargo, para una parte de la ciudadanía y del sector turístico, la medida contradice el concepto mismo de "libre acceso" y favorece intereses comerciales sobre el derecho al disfrute público de las playas.
El alcalde ha reiterado su compromiso con el libre acceso y el bienestar de los habitantes, aunque su administración sigue bajo la lupa pública. La tensión entre el impulso turístico, la conservación ambiental y el derecho ciudadano al espacio público se ha convertido, hoy, en uno de los mayores retos de su gobierno.