Por: Eduardo Sánchez
En el país, explicaron, hay 3 mil 500 centros de rehabilitación, de los cuales sólo 354 son reconocidos por la Comisión Nacional contra las Adicciones (Conadic).
Usuarios de estos lugares han denunciado violaciones a derechos humanos como golpes, rotura psicológica, aislamiento y vejaciones, advirtieron.
Aunado a esto, a los usuarios de centros de rehabilitación se les estigmatiza, criminaliza y margina principalmente cuando forman parte de grupos vulnerables como migrantes, sexoservidoras y personas en situación de calle.
Carlos Alberto Zamudio, de la Asociación Mexicana de Reducción del Daño (Amreda), criticó que existe una omisión del Estado para brindarle salud a las personas que usan drogas.
“Se justifica que México es un lugar de paso y no de consumo, por lo tanto si ven cualquier servicio de salud como IMSS, Issste, Seguro Popular no hay atención en cuestión de problemas por consumo de drogas, se deja de lado”, enfatizó.
“Ante la ausencia del Estado, la sociedad llenó esos vacíos. Desafortunadamente es una sociedad que no está acompañada, capacitada o supervisada por la autoridad”.
Ángel Salvador Ferrer, coordinador del Programa Prevención de la Tortura, de la organización Documenta A.C, aseguró que son pocas las denuncias contra los centros de rehabilitación irregulares y no hay recomendaciones de organismos de derechos humanos por el mal servicio que prestan.
“El panorama es muy desalentador, pero no podría decir el número de quejas exactas que existen”, expresó.
Los activistas difundieron esta problemática al presentar el video “Consumo de drogas: alerta de salud en ciudades fronterizas”, en el que hablan del consumo de enervantes y alternativas de atención en Mexicali, Baja California y San Luis Río Colorado, Sonora.