El esutido señala que la propuesta de extinción de siete organismos autónomos podría entrar en conflicto con varios capítulos del T-MEC
Por: Francisco Angulo
La reforma al Poder Judicial de México tiene implicaciones para la profesionalización de sus miembros, la institucionalidad del país y la separación de poderes, y su aprobación, ha generado preocupación de los socios norteamericanos en el Tratado de Libre Comercio (T-MEC), por lo que su continuidad podría estar en riesgo, indica un estudio del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
Entre los aspectos de mayor riesgo que ven los socios de México en el T-MEX, está la falta de certeza jurídica y el estado de derecho, indica el estudio denominado "México y América del Norte: Los riesgos de las reformas constitucionales de 2024", señala el estudio.
Además, la propuesta de extinción de siete organismos autónomos podría entrar en conflicto con varios capítulos del T-MEC en materia de Telecomunicaciones, Políticas de Competencia y Empresas Propiedad del Estado.
Reformar la Constitución en materia de energía, agua y biotecnología agrícola, que son otras de las propuestas del Ejecutivo federal, tiene implicaciones para la relación de México con sus socios de América del Norte, afirma el IMCO.
El pasado 15 de septiembre se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la reforma constitucional al Poder Judicial de la Federación que, entre otros cambios, implica la desaparición del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y la elección por voto popular de ministros, magistrados y jueces que tienen a su cargo la impartición de justicia en el país.
RIESGOS
Estimó que los cambios derivados de la nueva reforma ponen en riesgo la independencia del Poder Judicial, ya que la elección popular de los cargos implica la partidización de procesos previamente regidos por criterios técnicos y objetivos.
Asimismo, la posible intervención de partidos políticos y otros grupos de interés en los perfiles de las personas encargadas de la impartición de justicia, menciona, tiene graves consecuencias para el nivel de impunidad en México, además que los cambios en los requisitos exigidos para ser juez, ministro o magistrado generan un retroceso en la profesionalización del Poder Judicial.
La reforma, que no se ha basado en un diagnóstico riguroso de los problemas actuales de la justicia en México, ha resultado en preocupación por parte de países como Estados Unidos y Canadá, que han señalado riesgos para el vínculo de confianza entre los inversionistas y el Gobierno de México, así como para la institucionalidad, separación de poderes y estado de derecho en el país.
Y consideró que la nueva estructura del Poder Judicial podría entrar en conflicto con la esencia del T-MEC, que, aunque no incluye reglas específicas acerca de la estructura del sistema judicial, sí exige que este sea imparcial e independiente.
El estudio del IMCO advierte que cualquier reforma constitucional debe tomar en cuenta las consideraciones en materia de contrapesos al poder, transparencia, rendición de cuentas y competitividad, así como el potencial impacto sobre la relación con Estados Unidos y Canadá, pues la pérdida de confianza institucional y certeza jurídica podría desestabilizar la inversión extranjera y el comercio exterior, con lo que se incrementarían los riesgos para la economía mexicana.