La titular de la Segob reveló las investigaciones en curso en contra del exsecretario de Seguridad Pública de México
Por: Ofelia Fierros
El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dio na conocer que la Fiscalía General de la República (FGR) tiene al menos tres órdenes de aprehensión activas contra Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública, quien fue condenado el 16 de octubre a 38 años de prisión en Estados Unidos.
La titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez Velázquez, informó en la "Mañanera del Pueblo" de este viernes, que la institución dirigida por Alejandro Gertz Manero tiene tres investigaciones abiertas contra el exfuncionario mexicano.
Según informó, la primera de ellas se relaciona con su supuesta participación en el encubrimiento del segundo tirador en el asesinato de Luis Donaldo Colosio, candidato presidencial del PRI en 1994.
"García Luna inició su carrera en 1989 en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), donde permaneció hasta 1999 y ejerció varios cargos. Cuando era subdirector operativo de dicho centro, tuvo lugar el homicidio lamentable del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio", dijo.
"El 29 de enero de 2024 la FGR dio a conocer que García Luna encubrió a Jorge Antonio ´S´, agente del Cisen asignado a proteger al aspirante priista", señaló Rodríguez Velázquez.
Según Rosa Icela Rodríguez, la FGR cuenta con evidencia material y pruebas científicas que indican que, el 23 de marzo de 1994, dos personas dispararon casi al mismo tiempo contra el candidato presidencial del PRI.
"El llamado segundo tirador, Jorge Antonio ´S´, fue detenido de forma inmediata y llevado a la entonces Procuraduría General de la República en Tijuana, en donde fue rescatado por García Luna", refirió.
LAS ÓRDENES DE APREHENSIÓN CONTRA GARCÍA LUNA
En relación con las otras dos investigaciones, el Gobierno Federal anunció que hay órdenes de aprehensión asociadas a ellas. Las causas son las siguientes:
- Su participación en el operativo "Rápido y Furioso", mediante el cual se adquirieron ilegalmente más de dos mil armas de fuego con un chip supuestamente destinado a rastrear su uso, lo cual no ocurrió. Estas armas, junto con municiones, cartuchos, explosivos y material exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, contribuyeron a una espiral de violencia en el país.
- El uso indebido de atribuciones y facultades, y asociación delictuosa en el caso de la privatización de penales federales.