La información fue confirmada en conferencia matutina por la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez
Por: Andrés Manuel Contreras Alaniz
Un total de 23 aspirantes, incluyendo a los tres contendientes a la presidencia de la República, han solicitado protección al Gobierno de México.
La información fue confirmada por la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, durante una conferencia matutina presidida por Andrés Manuel López Obrador.
Según la funcionaria, de los 23 solicitantes, tres pertenecen a las coaliciones que compiten por la presidencia: Claudia Sheinbaum por Sigamos Haciendo Historia, Xóchitl Gálvez por Fuerza y Corazón, y Jorge Álvarez Máynez por Movimiento Ciudadano.
Indicó que los tres candidatos ya cuentan con protección, mientras que las solicitudes restantes provienen principalmente de la oposición, con 19 peticiones.
¿QUIÉNES HAN SOLICITADO PROTECCIÓN?
Además de los candidatos presidenciales, se han registrado solicitudes de protección por parte de tres aspirantes a gobiernos estatales, siete candidatos al Senado y 10 que buscan ocupar escaños en la Cámara de Diputados.
La secretaria Rodríguez enfatizó el compromiso del Gobierno para garantizar que el proceso electoral de este año se desarrolle de manera pacífica.
Para ello, afirmó que se ha presentado un plan que garantiza protección y seguridad a todos los candidatos que así lo soliciten, con la certeza de que podrán llevar a cabo sus campañas con el respaldo del Gobierno y la presencia de personal de seguridad.
VIOLENCIA POLÍTICO-ELECTORAL
Aunque las campañas oficiales comenzaron recientemente, la consultora Data Int informó sobre el asesinato de 20 personas que aspiraban a cargos de elección popular en lo que va del año electoral.
El último incidente lamentable fue el asesinato del aspirante del Partido del Trabajo (PT) a la alcaldía de Atoyac de Álvarez, Guerrero, Alfredo González Díaz, durante el fin de semana pasado.
Asimismo, Rosa Icela Rodríguez también subrayó la responsabilidad de los gobiernos estatales y municipales en la seguridad de los candidatos locales a puestos de elección popular, instando a una cooperación coordinada para garantizar la integridad de los participantes en el proceso electoral.