Por: Eduardo Sánchez
No obstante, el alcance de la novedad legislativa es limitado; afectará a los abusos cometidos dentro de la Ciudad del Vaticano o por personal residente en el diminuto Estado.
Asimismo, se reitera la obligación de denunciar los abusos a las autoridades civiles, una práctica que en el pasado fue ampliamente obviada por el clero en todos los continentes.
En esta línea, el Papa también ha previsto que los culpables de encubrimiento, ya sea porque omitieron denunciar o obstaculizaron de alguna manera, sean sancionados con multas de mil euros hasta 5 mil euros, una suma muy moderada y de la que los culpables estarán eximidos si amparados por el secreto de confesión.
Con todo, en caso de que la persona responsable es un oficial de la policía vaticana, la pena será de hasta seis meses de cárcel.
Además de ello, se pide “atención pastoral adecuada a las víctimas y sus familias, apoyo espiritual, médico, psicológico y legal adecuado y el derecho a un juicio justo e imparcial”.
Y, de ser probado el delito, se reitera que “la persona condenada por abusar de un menor o una persona vulnerable será removida de su cargo”.
Ante casos falsos, en cambio, se hará todo lo posible para “rehabilitar la buena fama de quien ha sido acusado injustamente”, según se lee en uno de los tres nuevos documentos difundidos por El Vaticano.