Además del feminicidio en contra de su pareja, el hombre también intentó acabar con la vida de su cuñada
Por: Luis Valenzuela
En un caso que estremeció a la sociedad, Jorge Adán Vicente García fue sentenciado a 73 años y 4 meses de prisión por los delitos de feminicidio y feminicidio en grado de tentativa, por los hechos que ocurrieron el 29 de octubre de 2022 en la localidad de Loma de San Pablo, ubicada en el Estado de México.
El acusado ingresó a la casa de su esposa, Anayeli, y presuntamente intentó arrebatarle a su hijo pequeño lo que generó la discusión entre la pareja por lo que el presunto intento de secuestro se tornó violenta, culminando con un ataque brutal por parte de Jorge Adán, quien empleó un objeto punzocortante para agredir a Anayeli, causándole la muerte de manera inmediata, asimismo, durante el mismo incidente, Marisol, hermana de la víctima, resultó gravemente herida al intentar intervenir.
Tras perpetrar los crímenes, Jorge Adán intentó huir del lugar, desencadenando una exhaustiva investigación por parte de la Fiscalía del Estado de México, haciendo que las autoridades emprendieran diligencias de inteligencia, gabinete y campo para localizar al responsable, lo que llevó al Ministerio Público a solicitar una orden de aprehensión en su contra.
Las investigaciones revelaron que el imputado se encontraba oculto en el estado de Oaxaca, donde intentaba evadirse de la justicia, y con base en esta información, la Fiscalía del Estado de México coordinó esfuerzos con las autoridades oaxaqueñas, solicitando su colaboración para detener al individuo.
LA DETENCIÓN DEL FEMINICIDA
Finalmente, el 1 de diciembre de 2022, agentes de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México lograron la detención de Jorge Adán Vicente García en Oaxaca, para posteriormente trasladarlo al territorio mexiquense e ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Valle de Bravo, donde quedó a disposición del Órgano Jurisdiccional.
Después de revisar detenidamente las pruebas recabadas y presentadas por el Representante Social, la Autoridad Judicial emitió la sentencia de condena, imponiendo al acusado una multa de 445 mil 441 pesos y otra por reparación del daño por un monto de un millón 460 mil 619 pesos.
Además, suspendió sus derechos civiles y políticos, y ordenó que reciba tratamiento educativo con perspectiva de género como parte de las medidas punitivas.
Este caso subraya la importancia de la justicia en casos de violencia de género, reafirmando el compromiso de las autoridades en la lucha contra este tipo de crímenes.