Para las familias que llevan años buscando a un ser querido, la atención mostrada en este caso contrastan con la indiferencia que enfrentan la mayoría
Por: Brayam Chávez
La reciente localización con vida de la influencer conocida como "La Nicholette" generó alivio y celebraciones tanto entre sus familiares como en redes sociales, donde seguidores y usuarios destacaron el resultado positivo del operativo. Sin embargo, el caso también abrió una herida profunda para colectivos de búsqueda en Sinaloa, que ven en este desenlace un reflejo de las desigualdades que persisten en la atención a personas desaparecidas.
Para muchas familias que llevan años buscando a un ser querido, la rapidez y despliegue institucional mostrados en este caso contrastan con la indiferencia que enfrentan la mayoría de las desapariciones.
UNA CARTA QUE VA MÁS ALLÁ DE UN SOLO CASO
El colectivo Por las Voces en Justicia hizo pública una carta dirigida al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, en la que fija una postura crítica que trasciende el caso de la influencer. La misiva, difundida en redes sociales, fue escrita por su fundadora, Alejandra Martínez Carrizales, quien desde hace cinco años busca a su hermano Ismael Alejandro, desaparecido en Mazatlán.
En el documento, la activista plantea una pregunta que resume el sentir de muchas familias: ¿por qué algunos casos movilizan de inmediato todos los recursos del Estado mientras otros parecen quedar relegados al olvido?
LA VISIBILIDAD COMO DETONANTE INSTITUCIONAL
El colectivo señala que factores como la exposición mediática, las influencias y los recursos económicos suelen detonar respuestas institucionales más rápidas y efectivas. En la carta se lee una de las frases más contundentes del pronunciamiento: "Ismael no es influencer, ni mediático, ni tiene dinero o influencias, pero su vida vale exactamente lo mismo".
Para las familias buscadoras, la urgencia en la localización de una persona no debería depender de su popularidad o alcance en redes sociales, sino del valor intrínseco de la vida humana.
PROMESAS DE ESCUCHA Y UNA EXIGENCIA VIGENTE
Martínez Carrizales recuerda uno de los primeros encuentros del gobernador Rocha Moya con colectivos de búsqueda al inicio de su administración. Según su testimonio, el mandatario expresó entonces su solidaridad y afirmó tener una historia personal ligada a la búsqueda de desaparecidos de décadas pasadas, asegurando que acudía a escuchar directamente a las familias, sin intermediarios.
La activista relata que en ese encuentro, entre lágrimas, pidió personalmente la intervención del gobernador en el caso de su hermano. Años después, cuestiona por qué ese nivel de atención, diligencia y acompañamiento no se replica de forma sistemática en los más de mil casos de desaparición que, según los colectivos, continúan abiertos en el estado.
LA BÚSQUEDA COMO DERECHO, NO COMO PRIVILEGIO
El pronunciamiento exige que el protocolo de "búsqueda inmediata y efectiva" se aplique como regla general desde el primer momento de la denuncia, sin que las familias tengan que recurrir a la presión pública o a la exposición mediática para ser escuchadas.
El colectivo cierra su mensaje con un recordatorio tan doloroso como contundente: en Sinaloa faltan miles de personas y, entre ellas, sigue faltando Ismael. Para las familias buscadoras, el caso Nicholette no solo fue una noticia, sino un llamado urgente a revisar cómo y para quiénes funciona el sistema de búsqueda en México.