La tensión y controversia se apoderan de este hecho que ha generado indignación a nivel nacional e internacional
Por: Luis Valenzuela
En una decisión que ha generado polémica y reacciones divididas, ocho miembros de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), previamente detenidos y señalados por su presunta implicación en el Caso Ayotzinapa, recuperaron su libertad en las primeras horas de la mañana de este miércoles.
Esto debido a que la jueza federal Raquel Ivette Duarte Cedillo revocó la prisión preventiva que pesaba sobre ellos, permitiéndoles abandonar el Campo Militar 1-A.
Fuentes cercanas al caso revelaron que la jueza del Segundo de Distrito de Procesos en el Estado de México notificó la liberación inmediata de los militares, cumpliendo con la resolución que modificó su medida cautelar y después de que se cumplieran los requisitos exigidos por el tribunal.
"Los soldados fueron liberados de manera gradual alrededor de las 3 de la mañana y ahora están en libertad para continuar enfrentando el proceso legal y demostrar su inocencia", señalaron allegados al caso.
La noticia de su liberación ha generado controversia y críticas por parte de algunos sectores de la sociedad, que cuestionan la decisión de dejar en libertad a los militares involucrados en un caso que ha conmocionado al país.
Los ocho militares, identificados como Gustavo Rodríguez de la Cruz, Omar Torres Marquillo, Juan Andrés Flores Lagunes, Ramiro Manzanares Sanabria, Roberto de los Santos Eduviges, Eloy Estrada Díaz, Uri Yashiel Reyes Lazos y Juan Sotelo Díaz, abandonaron el Campo Militar a través de la puerta 3, que conecta con la avenida Conscripto, después de cubrir el pago de una garantía de 50 mil pesos impuesta por la jueza Raquel Ivette Duarte Cedillo.
LOS MILITARES NO ESTÁN EXENTOS DE RESTRICCIONES
Aunque recuperaron su libertad, los militares no están exentos de restricciones, ya que se les impuso la obligación de presentarse para firmar los días 1 y 16 de cada mes ante la Unidad de Medidas Cautelares, además, tienen prohibido salir del país, acercarse al estado de Guerrero y mantener contacto con las víctimas o testigos protegidos, siempre respetando su derecho de defensa.
La decisión judicial ha avivado el debate sobre la impartición de justicia en México y la efectividad de las investigaciones en casos de violaciones a los derechos humanos.
Mientras algunos consideran que la liberación de los militares es un paso hacia la justicia, otros expresan su preocupación por la posibilidad de que se escape de la rendición de cuentas en un caso que ha generado indignación a nivel nacional e internacional.