Por: Eduardo Sánchez
Para justificar la eliminación de los subsidios a las estancias infantiles, funcionarias de la Secretaría del Bienestar insistieron en las irregularidades y las redes de corrupción en las que incurrían algunos de los 9 mil 582 centros que recibían apoyos de la extinta Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).
“Casi siete mil estancias fueron calificadas por el DIF como focos rojos, es decir, que deberían estar cerradas”, sostuvo Ariadna Montiel, la subsecretaria del Bienestar, quien agregó que las estancias cobraban en promedio 800 pesos adicionales a los padres.
También afirmó que existía una “red de prestanombres” que permitía a dueños de estancias infantiles administrar más de cinco centros a la vez, lo que era ilegal, y agregó que algunas estancias eran “fantasmas” y recordó que los reportes de supervisión del DIF muestran que, en 2018, no se pudieron localizar a 80 mil niños supuestamente beneficiarios del programa.
Montiel mostró que las delegaciones de la Sedesol en los estados, que definían el pago de los subsidios, reportaban que las estancias funcionaban bien, mientras que la Dirección General de Política Social de la dependencia reportaba que ocho de cada diez estancias incumplían con las normas.
Por su parte, María Luisa Albores González, titular de la Secretaría del Bienestar, confirmó esta mañana que se entregarán mil 600 pesos cada dos meses a los padres o tutores de niños menores de cuatro años y 3 mil 600 pesos bimestrales para los niños con discapacidad menores de seis años.
Añadió que el DIF seguirá revisando las estancias y colocará afuera el semáforo, verde en caso de cumplir con las normas y rojo en caso contrario, “para que los padres tomen la decisión de a qué instancia lleven a sus hijos”.