Por: Eduardo Sánchez
Argumentó que, si bien las autoridades electorales han atendido este problema con base en un protocolo para atender la violencia política contra las mujeres en razón de género, es en este espacio donde falta hacer su parte. Un protocolo no es una ley, no emanó del Poder Legislativo, subrayó.
“Ello permitirá que se tramite esta infracción a través del procedimiento especial sancionador y que se puedan imponer sanciones ejemplares como la pérdida del derecho del infractor a ser registrado como candidato o, en su caso, la cancelación de su registro, sanciones que ya se encuentran en la propia ley”, dijo.
Piña Gudiño expuso que en muchos estados como Michoacán y otros, en diversas comunidades, todavía las mujeres no quieren participar porque temen de violencia política incluso a veces de sus propios compañeros de partido.