El Senado de la República aprobó la propuesta de López Obrador, reforma aprobada con 72 votos a favor y 50 en contra
Por: Edel Osuna
Con el respaldo de las bancadas de Morena, PT, PVEM y PES, la reforma electoral, conocida como Plan B, propuesta por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, fue aprobada en el Seno de la República, y entrará en vigor al momento en que se publique en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
Fueron 72 a favor contra 50 de la oposición (PAN, PRI, MC, PRD y Grupo Plural), y la misma pasó al Ejecutivo Federal para su publicación.
QUÉ CONTEMPLA LA REFORMA
El Plan B establece que se debe garantizar el voto de quienes estén en prisión preventiva, así como el de personas discapacitadas en postración.
Además, facilita el que los mexicanos que residen en el extranjero puedan votar a través de internet, con la sola presentación del pasaporte o matrícula consular.
También garantiza la paridad de género en elección de órganos colegiados y unipersonales, siempre respetando la autodeterminación de los partidos.
EL INE EN EL PLAN B
Respecto al Instituto Nacional Electoral (INE), un aspecto importante es la compactación de su estructura orgánica, la temporalidad de los órganos distritales y, cuando no haya elecciones, se reduzcan de 300 a 260.
Por otra parte, elimina la rama administrativa del Servicio Profesional Electoral Nacional y unifica el PREP (Programa de Resultados Electorales Preliminares) con el cómputo de la votación.
Asimismo, establece que consejeros del instituto y magistrados electorales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) perciban un salario por debajo al del Presidente de México.
También modifica el calendario del procesos electorales, a fin de compactarlos, elimina dos salas regionales que no operaron, además de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral.
PROHIBICIONES
En este aspecto, impide a las toda autoridad electoral, administrativa y jurisdiccional condicionar el ejercicio de derechos o prerrogativas político-electorales de la población, al pedir requisitos adicionales a los que exige la Constitución.
Como criterio para la aplicación del gasto público en propaganda gubernamental y cualquier otra forma de comunicación social, establece la austeridad republicana, así como otras disposiciones.