Antes, abrir una escuela de Gobierno era cosa menuda; bastaba un local alquilado en unos pesos
Por: Ricardo Aragón Pérez
Decretar formalmente la apertura de una escuela primaria pública era una de las atribuciones de las autoridades municipales, que en su gran mayoría veía con buenos ojos el ramo de instrucción pública y hacían esfuerzos por impulsar su desarrollo, valiéndose de sus propios recursos, de la ayuda del Gobierno Estatal y de la cooperación de las familias, pese a la limitación de sus ingresos.
Antes, abrir una escuela de Gobierno era cosa menuda; bastaba un local alquilado en unos pesos, unas bancas propiedad del vecindario y un contrato de maestro, pero garantizar sus servicios sin contratiempos era una ilusión, dado que la falta de paga del profesorado lo orillaba a renunciar irremediablemente la plaza, aunado a la falta de libros de texto, que eran un clamor generalizado, cuyos costos estaban por arriba de la capacidad financiera de las municipalidades.
A mediados de 1850, el Ayuntamiento de Hermosillo estableció una escuela primaria para niños y contrató a Juan Pedro Robles, un profesor versado en el método de enseñanza mutua, que entonces era moda pedagógica, con un sueldo de 20 pesos mensuales, pagados por el Administrador de Rentas del Estado, con base en el fondo para la instrucción pública, formado con el uno por ciento que los ayuntamientos transferían de sus propias contribuciones.
Pero seis meses después el plantel corría el alto riego de ser clausurado, debido a que su director perdió la esperanza de que le pagaran sus sueldos, pues "ya ha sufrido seis meses sin recibir ni un solo peso" y, pese a eso, trabajaba "sin faltar un solo momento a sus penosas tareas", reconoció el munícipe del lugar, quién abogaba por ponerse al día con el pago del maestro y asegurar la continuación de sus servicios, pero siempre se estrellaba con la negativa de las arcas vacías, por lo que él mismo al final del día dio fe del cierre del establecimiento.
En cuanto a libros de texto, conseguirlos y remitirlos a las escuelas en servicio era un calvario para el Gobierno, no sólo por las dificultades del flete y las limitaciones del mercado editorial, sino también por la pobreza de las corporaciones municipales, cuyos finanzas no alcanzaban para todos los gastos de su competencia, aunque se obligaban a destinar el uno por ciento de sus ingresos fiscales, por lo que a menudo pedían al Gobierno estatal auxiliar con libros de texto cuando menos a los alumnos más pobres.
El 15 de septiembre de 1851, el jefe político del distrito de Moctezuma, J. Terán, acordó con el alcalde del pueblo abrir una escuela primaria de enseñanza mutua, pero el proyecto se topó con la limitante de no haber en el lugar ningún libro ni cuadernos para los muchachos, por lo que solicitaron ayuda al mandatario estatal, quien respondió positivamente una semana después, ordenando el envío de un paquete de 100 libros, entre ellos el "Catecismo de Ripalda", "Catón cristiano", "Silabario metódico" y "Cuadernos de Urbanidad", con la instrucción precisa de que "sean distribuidos entra la clase de jóvenes más pobres" del plantel referido.
Sin embargo, las carencias iban más allá de los libros escolares, pues también hacía falta dinero para pagar el sueldo del maestro y como no había de donde echar mano seguramente la escuela fue un proyecto frustrado. Posteriormente, el alcalde y los vecinos retomaron la idea de poner una escuela y contratar un maestro con un sueldo de 20 pesos mensuales, pagados con recursos de ambas partes, dada la escasez de fondos públicos y la pobreza del vecindario, reveló el profesor Agustín Vergara, quien fue contratado en noviembre de 1855.
Pero meses después se quejó con el gobernador de que le habían rebajado la mitad del sueldo acordado, que era de 20 pesos mensuales, lo que ya de por sí era una dotación insuficiente, alegaba el profesor Agustín. El 4 de diciembre de 1855, escribió una carta al gobernador en los términos siguientes: "me dirijo a usted haciéndole ver la miserable dotación que hasta ahora gozo de 10 pesos, de los cuales 5 paga la municipalidad por la enseñanza de 10 huérfanos y otros 5 pagan los vecinos", por lo que pidió su intervención no sólo para hacer efectivo los 20 pesos, sino también para que autorizara un aumento de sueldo, pero seguramente ni una ni otra petición consiguió.
Los casos tratados aquí no son excepciones, más bien son ejemplos fieles de algunos de los problemas que encaraban los antiguos gobernantes, en sus proyectos de impulsar el ramo de educación pública, cuyas iniciativas pusieron de manifiesto en leyes educativas, planes para la creación de escuelas y partidas presupuestaria para gastos de enseñanza, pero todo eso, en la práctica, fue más utopía que realidad.
ricardoaragon60@gmail.com