¿Sabía usted que la educación pública históricamente ha ocupado un lugar preponderante en el ideario y planes de Gobierno?
Por: Ricardo Aragón Pérez
En efecto, la educación pública ocupó un lugar relevante en el ideario político de los antiguos gobernantes, en sus planes de interés político e ideológico y en los programas sociales, con independencia del partido de adherencia, creencias, ideologías y régimen de gobernar.
Remontar la mirada a partir del primer Gobierno Constitucional del Estado, presidido por Manuel Escalante y Arvizu (1832-1836), hasta los tiempos de los gobernadores porfiristas, entre ellos Ramón Corral (1885-1899), máximo exponente estatal de esa clase política, permite constatar la existencia de proyectos educativos relevantes, como el cambio de contenidos programáticos, métodos de enseñanza, instrumentos normativos, mecanismos de control, apertura de escuelas y construcción de edificios para ellas.
En sintonía con esa larga tradición pedagógica, los gobernantes revolucionarios agregaron valor e impulsaron una política educativa más efectiva y duradera. Plutarco Elías Calles, por ejemplo, auspició programas de establecimiento de escuelas gratuitas y contrató cientos de maestras y maestros. También presionó a las compañías mineras y ferroviarias, así como a los dueños de haciendas y ranchos, para que abrieran escuelas gratuitas con recursos propios, en bien de niños y niñas que hasta antes no habían visto un maestro en su comunidad.
Entonces los gobernadores no sólo daban la cara por la educación pública y dedicaban buena parte del erario para financiarla, sino también propiciaban espacios de diálogo con los maestros, cuyas voces consultaban y tomaban en cuenta antes de formalizar algún proyecto de alto impacto educativo, lo que indica a todas luces que no sólo reconocían y elevaban la mirada del profesorado, sino también dignificaban o enaltecían parcialmente a su profesión, pues todavía ésta arrastraba rezagos históricos, como su condición de paria y escaso reconocimiento social.
Con todo, es inobjetable algunos hechos educativos de avanzada temprana, que ilustran el interés singular de los gobernantes revolucionarios. Según sus registros estadísticos del ramo, hubo un importante adelanto cuantitativo y cualitativo a la vez, con énfasis en el crecimiento de la cobertura de escuelas públicas y en la igualdad de oportunidades de estudio para uno y otro género, cuyos indicadores numéricos y de género contrastaban mucho con los de la educación privada.
A modo de ejemplo, hacia los años de 1920, existían poco más de 370 escuelas de gestión pública, mientras el sector privado sólo tenía cinco bajo su posesión. Las primeras reunían como 36 mil educandos, provenientes de zonas urbanas y rurales; en tanto las segundas, atendían una población predominantemente urbana y exageradamente minoritaria, con 325 alumnos inscritos en total, probablemente descendientes de familias con recursos para pagar la enseñanza de sus pupilos.
Y qué decir del personal docente, que los oficiales sobrepasaban con mucho a los particulares, cuya plantilla abarcaba como mil profesores de ambos géneros, contra un raquítico cuerpo de apenas 22 mentores, en su mayor parte mujeres, todas probablemente señoritas, cotorronas y religiosas.
A propósito del género, también se constata un ambiente más equitativo en el ámbito público, lo que sugiere el asomo de un cambio de mentalidad, mientras que en el sector particular persistían antiguos resabios de género, con una participación predominante de varones en los espacios escolares.
Entonces había escuelas públicas en número similar para hombres y mujeres; incluso se advierte un número ligeramente superior de planteles para mujeres. Pero los de gestión privada favorecían deliberadamente a los hombres, con una matrícula global de 325 menores, de los cuales 243 eran varones, contra apenas 82 mujeres, aunque en el caso del personal docente, paradójicamente los números favorecían a las maestras: 16 eran féminas y seis de sexo opuesto.
En cuanto a la alta política educativa, llama la atención la apertura de los gobernantes y su vocación por la democracia participativa, lo que facilitaba que los maestros, activos o retirados, participaran con su palabra, conocimientos y experiencias en el diseño y orientación de la política educativa.
En 1918, por ejemplo, los diputados Ventura G. Tena y José María Lizárraga convocaron a todos los profesores del Estado, "ya están en servicio, ya retirados", para que participaran "con empeño y patriotismo" en la elaboración de la versión definitiva de una ley educativa estatal, cuyo proyecto debía pasar por el consenso del Magisterio y tener su visto bueno antes de que el Congreso la decretara.
Se trataba de un instrumento jurídico emergente, que trazaba nuevas directrices de la política educativa y reglamentaba las funciones de las instituciones escolares, entre ellas: las Escuelas Rurales de Educación Rudimental, la Escuela Industrial "Cruz Gálvez", la Normal para Profesores y Profesoras, las Juntas de Educación y la "Escuela Preparatoria", la primera de ese nivel académico creada en Sonora, con un programa de enseñanza y maestros compartidos con la Normal del Estado.
De acuerdo con los pronósticos de sus creadores, se esperaba que la matrícula de preparatorianos fuera superior a la de los normalistas, porque el magisterio "no ha llegado a constituir una carrera especulativa entre nosotros", explicaban sin sonrojo, a la vez que aseguraban que "vendrán alumnos que hoy son enviados a lugares lejanos, para cursar esta clase de estudios".
Si bien resulta inocultable la expansión de escuelas públicas, el crecimiento de la matrícula, el empleo predominante de maestras y la Rectoría del Estado, también se advierte un avance relativamente limitado, que dejó en la agenda educativa viejos pendientes, como el analfabetismo, la falta de maestros titulados, la precariedad de sus condiciones laborales, la deserción del alumnado y una mayor inversión en el ramo, pero aun así es innegable que sentaron las bases del Sistema Educativo Nacional, cuya estructuración inició en 1921, con la inauguración de la flamante Secretaría de Educación Pública.