Sus propuestas arrojan más coincidencias que discrepancias; ambas proponen mejorar la atención en el nivel básico o avanzar el uso de la tecnología
Por: Roberto Rock L.
El sistema de salud pública fue golpeado durante el gobierno López Obrador por la pandemia más grave en un siglo, pero también por decisiones erráticas de enorme costo social y económico –corrupción incluida–. Frente a ello, especialistas y la academia califican ya como pobres las propuestas ofrecidas en este campo por las campañas presidenciales de Claudia Sheinbaum, abanderada del oficialismo, y Xóchitl Gálvez, de la alianza opositora. El diagnóstico inicial es que no entienden que no entienden.
Una amplia variedad de voces de expertos, médicos en ejercicio y personal sanitario en general; asociaciones de pacientes e incluso funcionarios públicos del sector, se están abriendo paso para elevar el debate sobre cómo debe enfrentarse el profundo rezago actual en el acceso a un sistema de salud universal, de calidad y con mayores presupuestos.
El consenso de esas voces es que ninguna de las dos aspirantes a la presidencia está dando debida cabida a posturas de sus principales asesores en materia de salud, ambos con trayectorias sólidas y conocida franqueza: David Kersenobich, por parte de Sheinbaum, y Éctor Ramírez Barba, por el lado de Gálvez. Habrá que esperar una reacción de ambos si su nombre es usado para una simulación.
El sentido de alerta que se abre paso en mesas redondas, conferencias y entrevistas no tiene motivaciones ideológicas. Se basa en cifras oficiales –Coneval, OCDE, Hacienda, entre otras–, según las cuales durante más de una década (entre 2015 y 2024) el país vivió un retroceso, agravado especialmente por la pandemia, que ha desplomado a niveles de finales del siglo pasado indicadores como la expectativa de vida, el programa nacional de vacunación, la muerte materna y la atención de enfermedades catastróficas, aquellas que arruinan la economía de una familia sin el respaldo de un sistema de salud pública.
En estas circunstancias, debería avergonzar a Palacio la reciente designación como asesor presidencial de Hugo López Gatell, responsable del manejo de la pandemia por Covid-19, que provocó el mayor crecimiento en mortandad entre las naciones pertenecientes a la OCDE. El llamado “Doctor Muerte”, subordinado al sector radical del oficialismo, canceló también la autonomía de la Cofepris, cuyos funcionarios han sido obligados a aprobar el ingreso de medicamentos de oscuro origen.
Los posicionamientos de Sheinbaum y Gálvez se atoran, nuevamente, en la discusión sobre si debe ser rescatado el Seguro Popular. La primera se sujeta –como en tantos otros temas– a la decisión de López Obrador, que lo sepultó en 2018. Gálvez dice que lo repondría. Pero ese instrumento, surgido hace 15 años –2008– fue considerado en su momento como un paliativo, y ya no es enarbolado como solución para hoy ni siquiera por su creador, el doctor Julio Frenk, secretario de Salud durante el gobierno de Felipe Calderón.
Una revisión de este espacio al programa “República Sana”, de la doctora Sheinbaum, y los posicionamientos de la ingeniera Gálvez, arroja más coincidencias que discrepancias. Ambas proponen mejorar la atención en el nivel básico o avanzar el uso de la tecnología -con más iniciativa la segunda que la primera. Ambas dicen que alentarían el desarrollo de la industria farmacéutica y fortalecerían las capacidades regulatorias de la Secretaría de Salud. Claudia alude marginalmente al Consejo de Salubridad General, órgano clave en la gobernanza del sector, pero marginado por el presente gobierno. Xóchitl aborda la crisis por casos de cáncer. Pero ninguna reconoce la profundidad de la crisis ni la regresión sufrida en este ámbito.
Las candidatas nos seguirán quedando a deber si se niegan a revisar, de fondo, la tragedia del sector, iniciada no con la pandemia, sino desde noviembre de 2019, con la creación del malogrado, corrupto y costosísimo Instituto de Salud para el Bienestar, Insabi.